Feijóo ignora a los afectados por la Ley Turística en Canarias

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visitó recientemente Canarias. Fue una visita con agenda política, encuentros con empresarios y declaraciones para reforzar la presencia la comunidad autónoma. Sin embargo, hubo algo que no apareció en su discurso, ni en sus gestos, ni en sus silencios cuidadosamente calculados, las cartas.

Decenas, posiblemente cientos de ciudadanos afectados por la Ley Turística canaria escribieron al líder del PP con una petición de mediación. Que escuche, que interceda, que no permita que les quiten sus casas. Todas esas misivas fueron, según relatan los propios afectados, ignoradas. Ni una mención. Ni una respuesta. Ni siquiera una frase protocolaria para salir del paso.

Maribé Doreste, presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), lo resume así: “Como quien oye llover”.

El conflicto gira en torno a la controvertida Ley 2/2013, aún vigente tras más de una década, que permite al Gobierno de Canarias forzar a propietarios a ceder sus viviendas al negocio turístico. Las sanciones por no hacerlo pueden alcanzar cifras tan elevadas como injustificadas. Lo curioso, o no tanto, es que esa norma fue impulsada por gobiernos anteriores del Partido Popular, y su aplicación actual lleva la firma de la consejera de Turismo, también del PP, Jéssica de León, la misma consejera que anunció públicamente que las multas se habían suspendido.

Pero, según documentos a los que ha tenido acceso Maspalomas Ahora, el mismo día de la visita de Feijóo a las islas, hubo una nueva sanción contra otro propietario, que ahora se verá en los tribunales para defender su casa. La pausa, al parecer, era solo en los discursos.

A esto se suma otra pieza del rompecabezas. Algunos empresarios turísticos, según testimonios recogidos por la plataforma, estarían esperando a que los propietarios no puedan cumplir con los nuevos y complejos requisitos legales. ¿El objetivo? comprar las viviendas “a precio de saldo”, usando como referencia su valor catastral. Una jugada legal, pero con aroma a oportunismo bien planificado.

De ser cierto, los afectados lo llaman “una estafa organizada con respaldo institucional”. Es difícil no ver, al menos, una secuencia sospechosamente sincronizada, con leyes que favorecen a grandes operadores turísticos, ex ministros del PP en consejos de administración, y una administración autonómica que multó el mismo día que calló.

Mientras tanto, en las cartas dirigidas a Feijóo hay algo más que quejas. Una de ellas, firmada por un ciudadano, relata cómo esta situación ha afectado su salud mental. “Estoy bajo tratamiento médico, con pensamientos oscuros que no debería tener ningún ciudadano por culpa de su gobierno”, escribe.

A veces, el mayor ruido político es el que no se escucha. Como ese silencio atronador que dejó Feijóo al no responder. Como la mudez de un partido que se juega mucho en Canarias, pero que, de momento, prefiere no mirar hacia donde las cartas siguen acumulándose.