Los afectados por la ley turística denuncian el "aluvión" de multas impuestas por el Gobierno de Canarias

La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) ha denunciado que la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, dirigida por Jéssica de León (PP), mantiene la imposición de multas a propietarios de viviendas en zonas turísticas, a pesar de haber anunciado su suspensión.

Después de un fin de semana en el que los afectados colapsaron los correos electrónicos, desesperados, la presidenta Maribé Doreste confirmó a Maspalomas Ahora haber recibido "un aluvión de multas por parte de propietarios que vienen a presentar alegaciones", indicó.

La presidenta de la PALT ha calificado el anuncio de suspensión de multas como "una artimaña política" para desviar la atención sobre la Ley 2/2013, que, según la plataforma, favorece la expulsión de residentes de zonas turísticas. "No estaban haciendo nada de lo que decían. Esperaremos a ver con qué decreto suspenden realmente las sanciones, pero a día de hoy siguen llegando", ha asegurado.

"Lo que quiso hacer la consejera de Turismo, Jéssica de León, fue una estrategia para adormecer, y evitar que se hablara de que esta ley valida la Ley 2/2013, una norma clasista que segrega y expulsa a los legítimos propietarios y a la población de las áreas del litoral con potencial turístico"

Doreste ha insistido en que la solución no pasa por suspender multas, sino por derogar la Ley 2/2013, que considera "inútil e inservible". También ha cuestionado la nueva Ley de Vivienda Vacacional en trámite parlamentario, que, según ha indicado, "vuelve a validar la Ley 2/2013 y amplía la tipificación de faltas de la Ley de Ordenación del Turismo de 1995".

"Quieren echarnos de nuestra tierra con una norma que pretende dar por expropiado el uso sin nombrar la palabra expropiación y sin que nadie haya cobrado nada"

Asimismo, ha advertido de que la normativa afecta también a propietarios de viviendas residenciales sin relación con el alquiler vacacional y ha acusado al Ejecutivo de querer "expulsar a los canarios de estas zonas para mantener el modelo tradicional en manos de los de siempre".

Según la PALT, la Ley de Uso Sostenible de Viviendas busca prohibir el alquiler vacacional en los 21 microdestinos turísticos de Canarias para favorecer a grandes empresarios y "que estos puedan quedarse con el monopolio del negocio". Además, advirtió que la normativa entra en contradicción con el Plan Insular de Ordenación (PIO), que sí permite el uso mixto del suelo.

Por eso insiste en que la normativa es "una expropiación encubierta del uso de las viviendas sin que nadie haya cobrado nada" y ha advertido de que el objetivo es desplazar a los residentes. "Nosotros queremos una ciudad plural donde todos quepamos. No ha hecho falta que nos vayamos de nuestra casa para que Canarias haya alcanzado 18 millones de visitantes", argumentó.

La PALT ha calificado la situación como "la gran estafa" y pide la derogación de la Ley 2/2013, advirtiendo de que seguirán luchando contra una normativa que considera injusta.