El Gobierno de Canarias ha confirmado la suspensión de los expedientes sancionadores contra los propietarios de apartamentos situados en suelo turístico que han decidido utilizarlos como residencia habitual o segunda vivienda.
Esta medida, que da un respiro a cientos de vecinos afectados por el llamado fenómeno de la residencialización, ha sido el resultado de las gestiones iniciadas por el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alejandro Marichal (CC). Sin embargo, en el anuncio oficial realizado por el alcalde Marco Aurelio Pérez (PPAV), no hubo menciones al trabajo previo de su socio de gobierno, lo que ha generado cierto malestar en el entorno político.
De hecho, tras las acciones emprendidas por Marichal, Pérez solicitó a la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, que la paralización de las sanciones se extendiera el tiempo suficiente para permitir la aprobación de las modificaciones legislativas en trámite. La consejera acogió favorablemente esta propuesta y se comprometió a impulsar una reforma normativa que garantice la seguridad jurídica en el sector turístico.
Desde el inicio de la legislatura, Alejandro Marichal ha impulsado una solución normativa para clarificar el uso de las parcelas afectadas, distinguiendo entre aquellas con un alto porcentaje de residentes y las destinadas exclusivamente a la explotación turística. Fue en julio de 2024 cuando el edil de Urbanismo anunció su intención de redactar una ordenanza municipal que regulara esta situación y evitara más sanciones injustificadas a los propietarios.
Dicha ordenanza provisional, cuya tramitación ya se inició, permitirá compatibilizar el uso residencial con el turístico en el municipio, atendiendo así una de las principales demandas de los afectados. En paralelo, el área de Turismo del Gobierno de Canarias ha aprobado la paralización de las sanciones hasta que se aprueben los cambios normativos definitivos.
A pesar de la importancia de este avance, la falta de menciones al papel de Marichal en las gestiones ha llamado la atención. En su intervención, Marco Aurelio Pérez destacó que su propuesta de suspender las sanciones ha sido bien recibida por la consejera de Turismo, Jéssica de León, pero evitó reconocer el trabajo previo de su compañero de gobierno, quien desde el inicio de la legislatura ha liderado las acciones necesarias para lograr esta moratoria.
Este silencio ha despertado críticas dentro del pacto de gobierno municipal, donde algunos consideran que la escasa camaradería mostrada no refleja el espíritu de colaboración que se espera de una coalición.
Se da la circunstancia de que, en 2019, durante la celebración de Fitur, Pérez se posicionó con relación a los propietarios de apartamentos y bungalows, así como a la ciudadanía residente en zonas urbanas con potencial turístico en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.
Perversión
Los afectados por la Ley de Turismo recuerdan que, en aquel entonces, Pérez indicó que la perversión subyace cuando "pretendemos utilizar la residencialización del suelo turístico, ya que con ello destruimos la industria y hacemos que el negocio turístico no tenga cuota de calidad".
En la actualidad, mientras diversas modificaciones legislativas sobre la actividad turística avanzan a ritmos distintos, la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias sigue vigente. Su aplicación ha dado lugar a la tramitación de múltiples expedientes sancionadores, generando un clima de incertidumbre entre los propietarios afectados.
Jose | Jueves, 27 de Febrero de 2025 a las 09:02:48 horas
No se residencializa nada, son operadores turisticos que vendieron para no perder dinero y ahora lo quieren recuperar gratis;
ejemplo:
En esta desgraciada crisis por pandemia que sufrimos, todas las empresas de coches de alquiler vendieron la inmensa mayoria de sus vehiculos, el motivo, conseguir efectivo y reducir gastos por la poca demanda del servicio. Ahora, que llegaron de nuevo buenos tiempos, ¿y que hicieron? Adquirieron nuevos vehiculos para dar de nuevo su servicio.
Perfecto.
Pero..., ¿y si hubieran utilizado la misma táctica que utilizan los operadores turisticos y algunos de nuestros políticos? En ese caso las empresas de alquiler de coches estarian promoviendo una ley para obligar que los propietarios, a quien les vendieron los coches en tiempo de crisis, los retornaran y cedieran de nuevo a las empresas de alquiler sin ninguna cantidad minima como pago, sin ningun derecho a poderlo utilizar, aun habiendolo comprado, y obligados ha pagar todos sus gastos, seguros, ruedas, reparaciones, etc.. eso si, serian siendo suyos, no se para que, pero suyos. ¿Cómo lo ven ustedes?
¿También se les llamarian coches residencializados?
¡¡Venga ya, que vergüenza con la ley 2013!!
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