El Gobierno de Canarias y el Cabildo insular han puesto en tela de juicio la compatibilización de usos mixtos aprobada en San Bartolomé de Tirajana. Según representantes de ambos ejecutivos, esta futura normativa contraviene la legislación y el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria, por lo que "el Gobierno podrá ponerse serio y hacer una advertencia de legalidad".
En lo que respecta a esta disposición, el pasado jueves 27 de junio, el pleno ordinario de San Bartolomé de Tirajana aprobó una ordenanza provisional para regular la compatibilidad entre los usos turísticos y residenciales en la zona turística del litoral del municipio.
Tras esto, el alcalde, Marco Aurelio Pérez, declaró que la norma “se tramitará y aprobará en este Ayuntamiento”, aseverando que “el Gobierno de Canarias solo podrá actuar en los tribunales, porque este Ayuntamiento es soberano y está capacitado para aprobarla”.
Como cabía esperar, estas declaraciones han tenido un efecto inmediato en el seno de ambas administraciones que, en el marco de las jornadas "Áreas turísticas y áreas residenciales" de la Universidad de Verano de Maspalomas, han expresado sus opiniones sobre este asunto.
En primera instancia, Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, en declaraciones a Canarias 7, advirtió que esta normativa, que opta por los usos mixtos, “es una norma con rango de ley, y una ordenanza no puede ir en contra de lo que dice una ley”, en referencia al decreto 2/2013, de renovación y modernización turística de Canarias.
En este aspecto, Rodríguez recordó que el principio de especialización “es un pilar del modelo turístico canario” y quien lo quiera cambiar “deberá hacerlo a través de una reforma legal en el Parlamento de Canarias”.
Asimismo, aclaró que la normativa que promueve el Consistorio no servirá para frenar las sanciones, puesto que “choca de frente con la especialización a la que insta la normativa”.
Por su parte, Pedro Pablo Monzón, director técnico de Planeamiento del Cabildo de Gran Canaria, quiso recordar un artículo del decreto 85/2015 en el que “se dice claramente que queda taxativamente prohibida la mezcla del uso residencial y turístico en una sola parcela”, y, para más inri, añadió que el municipio no ha cumplido con los deberes de especialización “a los que obliga el PIO desde 1995”.
A colación de estas declaraciones, Maribé Doreste, presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), en declaraciones a Maspalomas Ahora, puso en entredicho las intervenciones de ambos ponentes, que hablan de “lo que no es suyo” sin permitir “un ejercicio democrático con voces discrepantes”.
En este sentido, la dirigente defendió el derecho a disfrutar de una primera o segunda vivienda en las zonas de costa “como hemos tenido siempre y como se tiene en cualquier lugar de España”, a la vez que arremetió contra el uso e interpretación de la ley 2/2013 de forma negativa, “lo que conlleva a una expropiación encubierta”.
Asimismo, hizo hincapié en que no se desvíe la atención de cuestiones actuales tan graves como la empleabilidad, sueldos bajos, precariedad o pobreza, a los titulares de estas propiedades; puesto que “esto es un problema que viene de largo” y que no se arreglará hasta que cambie un modelo turístico que “protege y perpetúa desde hace más de 50 años la touroperación, lo que hace que la mayor parte del negocio turístico se tribute fuera”.
Por el contrario, agradeció la sensibilidad de el grupo de gobierno y PSOE (pese al voto negativo de NC) para buscar una solución a un "problema de gran calado" por medio de esta ordenanza provisional, que es una herramienta que aporta la Ley del Suelo
Del mismo modo, en relación a lo expuesto, hizo referencia a un análisis llevado a cabo por el catedrático Moisés Ramón Simancas Cruz, de la Universidad de la Laguna, en el cual precisa que las leyes no pueden ser contrarias a la realidad jurídica, "ya que hay más de 200.000 personas que viven en esa zona y las leyes no pueden darles la espalda".
Por último, quiso hacer una reflexión, en la que emplazó a los explotadores turísticos a hacer un ejercicio imaginativo, en el cual estos cederían parte de sus negocios a sus empleados, para proporcionarles viviendas o zonas comunes para su disfrute. “Quizás así podrían entender lo que nos están pidiendo, que es quitarnos las propiedades”, concluyó.
Martin | Sábado, 06 de Julio de 2024 a las 09:16:28 horas
Pues hay que recordarle a ambas instituciones , que las leyes aprobadas no pueden ir en contra de la Constitución. Ya que mucho de los residentes en la zona turística, usan la vivienda como vivienda principal, adjunto texto, aunque lo conocen perfectamente. "El artículo 47 de la Constitución Española declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho." Y tampoco se le puede dar la explotación a una empresa, que explota a los propietarios. Segundo, entonces la pregunta viene, porque no se ha aplicado la ley apeobada en el año 95, y la vienen a aplicar ahora? Porque en las notarias solo se avisan de que esta comprando en suelo turistico y no insta a los compradores a comprar con una empresa explotadora y no a nivel particular?
En fin que el parlamento canario cambie divha ley y si no llevar a Europa la consulta.
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