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El Gobierno canario admite ahora que conocía la suplantación del exalcalde de Firgas

IAGO OTERO | CANARIAS AHORA
Miércoles, 3 de enero de 2018
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El Gobierno de Canarias ocultó durante cinco días que conociera que el exalcalde de Firgas Manuel Báez (Coalición Canaria) se hubiera presentado a unas oposiciones el pasado mes de diciembre suplantando a su hijo Himar. Según ha reconocido este mismo martes el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Ejecutivo, José Miguel Barragán, "algunos días antes" de que  este periódico publicara el escándalo, que acabó con la dimisión del único alcalde de la formación en Gran Canaria, ya estaban en ese departamento intentando esclarecer este caso.

Barragán afirmó este martes que en el partido tuvieron conocimiento de lo ocurrido después de que "la misma fuente" con la que este periódico contactó para desmontar la coartada de Báez, que sostenía que estuvo aquel 16 de diciembre en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria acompañando a su hijo, le trasladara que había visto al sexagenario político saliendo de la citada facultad y le había dicho que el examen le había salido "bien".

"Desde que tuvimos conocimiento de los hechos, algunos días antes de que se publicara en los medios de comunicación con la misma fuente que tenían en este caso alguno de los medios de comunicación, empezamos a trabajar para intentar esclarecer si erar verdad o no, y si era verdad, actuar como hemos actuado: el reconocimiento de los hechos y la presentación de la dimisión", sostuvo Barragán este martes en la Cadena Cope, donde dijo que estas suplantaciones no son habituales porque "los controles suelen funcionar bastante", por lo que "esta experiencia ayudará a replantearnos si hace falta algún control o medida más en futuras convocatorias que eviten que estas cosas puedan ocurrir".

Las declaraciones del consejero chocan con la postura oficial trasladada desde el Gobierno el día antes de publicar la primera información, cuando a la hora de contrastar los datos se le preguntó si tenían constancia de alguna irregularidad en aquella primera prueba de la oposición al más alto grado de la función pública de Canarias (cuerpo superior de administradores de la Comunidad Autónoma, grupo A, subgrupo A1). Aquel 27 de diciembre el Director General de la Función Pública, Francisco Rodríguez, sostenía que "al Gobierno de Canarias no le consta que haya incidencia alguna en las actas del Tribunal de Oposición, y a fecha de hoy -por el pasado miércoles-, tampoco se han recibido denuncias ni reclamaciones en la Dirección General de la Función Pública". Según han trasladado desde el Ejecutivo autonómico, la investigación comenzó en el partido y no tenían conocimiento de la misma todas las áreas del Gobierno.

A ello hay que añadir el comunicado del partido difundido el mismo jueves, cuando la crisis en Firgas ya se había desatado, en el que simplemente CC transmitió sus dudas sobre la información y que por ello se estaban "contrastando" las acusaciones "muy graves" realizadas. Al día siguiente, el viernes, Báez admitió los hechos y dimitió, reconociendo el arrepentimiento espontáneo,  un atenuante que consiste en confesar la comisión de un presunto delito para colaborar con la justicia antes de que  se produzca una denuncia y se active la maquinaria judicial para de ese modo obtener una sentencia atenuada.

Presentada la denuncia en la Fiscalía

Este martes el tribunal de la oposición presentó ante la Fiscalía la denuncia contra el exalcalde exponiendo los hechos, presuntamente referidos al delito de falsificación en documento oficial suplantando a otra persona, lo que está castigado con penas de entre seis meses y tres años de prisión. Aunque en un principio la fiscal jefa, Beatriz Sánchez, no tenía constancia de que esto hubiese ocurrido, el malentendido sucedió porque el tribunal le dio entrada a la denuncia en la Fiscalía Superior de Canarias, situada en el palacio de San Agustín, en el barrio de Vegueta, y la Fiscalía Provincial tiene su sede en la Ciudad de la Justicia.

En la denuncia se dan por “verosímiles” las informaciones de este periódico, que se adjuntan al escrito, pero no se añadía ninguna aportación producto de alguna diligencia interna, como el testimonio de las dos funcionarias que identificaban a los opositores y que tuvieron dudas a la hora de dar el acceso a Báez debido a que entregó el DNI de su hijo, de 28 años, cuya fotografía chirriaba frente a la apariencia del político firguense. Siempre según esas fuentes, fue el secretario del tribunal, Enrique Wood, quien dio el visto bueno para que pudiera acceder al examen. No obstante, sí se recoge en la denuncia el reconocimiento expreso de Enrique Wood y de un tercer funcionario colaborador, Rafael Tomás González, de que Manuel Báez entró e hizo el examen. Y que, a su término, fue Wood el que firmó el sobre en el que se introdujo el ejercicio antes de cerrarlo y sellarlo con cinta adhesiva.

Báez, según testigos presenciales, ni discutió ni dijo nada cuando una de las funcionarias llamó la atención sobre la diferencia entre la fotografía oficial y el aspecto de la persona que portaba el documento. “Coincidía el número de DNI y el nombre, pero no la fotografía”, ha dicho la funcionaria a este periódico, ante lo cual el exalcalde de Firgas se limitó a mirar a las dos personas encargadas de la identificación. Acto seguido, Wood le franqueó el paso para que un tercer funcionario colaborador, el ya mencionado Rafael Tomás González, lo ubicara en su pupitre, en la primera fila, en el lateral izquierdo del aula. A partir de ahí, el político hizo su examen con total normalidad y se marchó de la Universidad cuando lo dio por terminado.

Precisamente la denuncia ante la Fiscalía debió haber sido entregada por el propio Wood y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, que ejerció como presidente del tribunal calificador. Wood, de 62 años, es un veterano funcionario de la Comunidad Autónoma de Canarias con más de 36 años de servicio que ha desempeñado distintos puestos de responsabilidad, algunos incluso por designación política, como cuando en 1991 fue nombrado director del Instituto Canario de Estadística por el consejero de Economía de entonces, Luis Hernández, bajo la presidencia de Lorenzo Olarte, todos ellos de Coalición Canaria.

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