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Imprevisiones y morosidad municipal

EUSEBIO BAUTISTA
Lunes, 7 de agosto de 2017
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Los plenos municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria suelen ser una buena fuente de inspiración, como el del pasado 28 de julio, en el que, bajo el título de “aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de las bases para la concesión de ayudas sociales dirigidas a personas y unidades de convivencia para colaborar en sus gastos por vivienda habitual”, se debatió y aprobó el llamado “IBI social” de 2017 (Impuesto sobre Bienes Inmuebles o la llamada “contribución urbana”).

 

Conviene recordar que el IBI social aprobado el pasado 2016 fue un fiasco. Se dotó con 1.700.000 euros y se esperaba llegar a 26.000 familias o viviendas, ya que el Ayuntamiento hizo el cálculo en base a que todas las viviendas con valor catastral de hasta 30.000 euros tenían derecho a subvención, independientemente de la condición económica de las familias que vivieran en ellas. Digo que fue un fiasco porque solo se presentaron 5.165 solicitudes por un importe total de 384.063 euros. De hecho, 1.140.000 euros de esa partida se destinaron a fiestas y voladores (concierto de Ricky Martin entre otros).

 

Este año han mejorado, pero no lo suficiente. Han ampliado el valor catastral de la vivienda con derecho a ayuda (hasta los 60.000 euros), pero han complicado las solicitudes, al tener en cuenta la situación familiar de los habitantes de la misma. El año pasado solo había que presentar una solicitud. Este año, además de la solicitud, hay que presentar certificados de ingresos anuales de sus habitantes. Además y como novedad, los perceptores de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los que reciben las ayudas municipales por Prestación Económica para Situaciones de Especial Necesidad y Emergencia y los que reciben la Ayuda a Domicilio, tienen derecho al IBI social siempre que las circunstancias en las que se les concedió dichas ayudas se mantengan y en este caso sus viviendas pueden alcanzar un valor catastral de hasta 80.000 euros. Si valen mil euros más, no tienen derecho a la ayuda del IBI social. En Madrid el tope máximo para recibir el IBI social está en 204.000 euros.

 

En 2017 van a poderse acoger a esta ayuda más ciudadanos que el pasado año, pero, aun así, este IBI social va a seguir siendo tacaño y no va a llegar a mucha gente que necesita la ayuda. La prueba de que el propio grupo de gobierno no cree en él es que de una partida inicial de 1.700.000 euros (igual a la inicial del año pasado), antes de la aprobación del IBI social de este año, le han quitado más de 900.000 euros (que han destinado a otros gastos), dejándola en menos de 800.000.

 

Lo que sí ha aprendido el grupo de gobierno es a no dar cifras de los posibles beneficiarios, después del pinchazo del pasado año. Pero volvemos a las andadas, se sigue dando prioridad al valor de la vivienda y complicando la ayuda con la situación económica familiar. Veremos cuantas solicitudes hay.

 

En el pleno, y sin estar previsto en el orden del día, se aprobó incorporar  varios expedientes económicos, traídos de “urgencia”. Para ello, primero se pone a votación la urgencia de los mismos, y luego se entra a debatir los mismos. Como el grupo de gobierno tiene los 15 votos, siempre se gana la votación de aceptar la urgencia, sea cual sea el tema del que traten los expedientes, como veremos a continuación.

 

En uno de los expedientes se concede un crédito extraordinario por 38.470,60 euros para pagar las mensualidades de octubre y noviembre del renting de 20 coches patrulla de la policía local. Y uno se pregunta ¿por qué no se incluyó la partida en el presupuesto de 2017? Por falta de previsión. Pero la cosa es más grave, porque en septiembre se acaba el renting de los vehículos de la policía local y nadie previó que había que hacer otro, ya que el primero de octubre la policía local se quedaba sin coches. Cuando se dieron cuenta, se utilizó el procedimiento de urgencia y se metió en el pleno con calzador, que para eso se tiene la mayoría de los votos.

 

En otro de los expedientes se concede un crédito extraordinario por 574.000 euros para pagar el consumo eléctrico en baja tensión de los meses de mayo a noviembre de 2017. ¿Pero no es esto un gasto previsto en el presupuesto anual? Aunque parezca mentira, el Ayuntamiento reincide en su falta de previsión en el pago de la energía eléctrica. Hay que recordar que, a finales del pasado mes de mayo, Endesa amenazó al Ayuntamiento con cortarle la luz, ante una deuda de 1.836.499,13 euros. Parece que el Ayuntamiento y su gobierno municipal no cree prioritario incluir en el presupuesto anual los gastos de la luz. ¿Harán lo mismo estos responsables políticos en sus casas?

 

La gestión de la vida diaria del Ayuntamiento, en cuanto a temas económicos, es para ponerle los pelos de punta a cualquier observador imparcial. Los expedientes citados son solo dos ejemplos vistos en el último pleno.

 

En una situación boyante de la economía municipal, de la que el alcalde – y, por cierto, Concejal de Hacienda – se ufana del superávit que le permite reducir anticipadamente la deuda con bancos (25.227.462,53 euros en junio pasado), algo no cuadra. Me refiero al periodo medio de pago a proveedores del Ayuntamiento, que según la web del Ministerio de Hacienda, en mayo de este año era de 77 días, cuando en mayo de 2015 – último mes del mandato anterior del Partido Popular – era de 32 días.

 

De las 10 mayores ciudades españolas, Las Palmas de Gran Canaria tiene el honor de ser la que tarda mas en pagar a sus proveedores. Le siguen Palma de Mallorca (51 días) y Sevilla (40 días).

 

¿Para qué sirve la brillante situación económica municipal? ¿Será que los políticos y funcionarios de Madrid, Valencia y A Coruña son más listos que los de aquí? ¿Será que tenemos lo que nos merecemos?

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