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LEY DEL SUELO

Smulders: “La enmienda es un parche que deja el plato roto en manos de los gestores turísticos”

El presidente de la Asociación de Alojamientos Extrahoteleros de Las Palmas advierte de la problemática sobre la declaración de uso residencial

LAURA BAUTISTA
Viernes, 19 de mayo de 2017
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[Img #40646]El proyecto de la Ley de Suelo dio luz verde el jueves a la enmienda transaccional que consolida la residencia a los titulares de apartamentos en suelo turístico antes del 1 de enero de 2017, pero con uso estrictamente residencial y no alquiler vacacional u otros usos.

Desde esa fecha en adelante, la enmienda prohíbe los nuevos usos residenciales en parcelas turísticas así como actuar fuera del principio de la unidad de explotación.

De esta manera, versa la ley, el propietario que haya adquirido la propiedad antes de la fecha límite que figura en la enmienda puede residir en el apartamento o incluso venderlo, siempre y cuando sea adquirido para uso residencial o para la actividad turística dentro de la unidad de explotación, quedando fuera cualquier otro uso, como es el alquiler vacacional.

Plato roto

Tom Smulders, presidente de la Asociación de Alojamientos Extrahoteleros de Las Palmas, considera que, “con esta ley se pone una tirita al asunto sin preocuparse en solucionar el problema de fondo”, que a su juicio “se esquiva dejando el plato roto en manos de los gestores turísticos”.

En este sentido, insiste en que la ley “siembra una incógnita muy amplia” y en que, se tratará de buscar una solución democrática y dialogada a esta problemática “tratando el asunto en la Asamblea de la patronal extra hotelera de la Feht, que tendrá lugar el próximo día 25, a las 10.30 horas”.

Propiedad y uso

Así mismo, advierte del problema principal de la enmienda, ya que “no hay que confundir el derecho a la propiedad, que jamás hemos cuestionado, con el derecho al uso”, por lo que “al legitimar el uso residencial de un apartamento en suelo turístico” puede llevar a que, “quienes exigían el uso residencial quieran ahora reclamar y exigir los servicios que contempla la ley para zonas residenciales” (como las escuelas, centros de mayores, aparcamientos, centros de salud, etcétera).

Para Smulders, es de vital importancia “dar con una solución definitiva y consensuada” que evite que “en algunos casos, los propietarios puedan bloquear y boicotear, como llevan años haciendo, la inversión de renovación y mejora de emblemáticos y veteranos complejos turísticos”.

Asimismo, asegura que, aunque hay propietarios que llevan más de 20 años conviviendo con esta situación de manera colaborativa y sin acarrear ningún problema, “también existen otros que pretenden beneficiarse de la actividad turística sin cumplir con las normas y las exigencias que este sector conlleva”.

Riesgo

Según ha considerado Smulders, “esta actividad ilegal y sin control de los propietarios arriesga a la actividad turística, haciendo peligrar muchos puestos de trabajo y poniendo patas arriba un modelo reglado y el proceso que está en vigor”.

Asegura que “este tema va a traer cola” ya que “la Plataforma ha ampliado sus pretensiones y exigencias basándose en la defensa de sus derechos, primero hablando sólo de uso residencial y ahora de alquiler vacacional, que ha quedado prohibido por la ley”.

Tal y como recalca: “nosotros defendemos la gestión turística como marcan los estatutos” y aunque “estamos de acuerdo con el Gobierno autonómico en un dialogo amplio, tenemos que hablar respetuosamente pero siendo rígidos con las consecuencias de decisiones equivocadas y del impacto nefasto y desastroso que pueden acarrear”.

Como Asociación, añade, “no podemos permitir que se introduzca el alquiler vacacional a través de esta ley en edificios reglados de actividad turística", ya que “no pueden existir dos marcos legales y si obtienen permiso para el alquiler vacacional en estas zonas, tendrán que entrar en el marco legislativo que seguimos y cumplimos nosotros”.

Compatibilizar

Compatibilizar el uso residencial con la explotación turística es una cuestión que lleva años sobre la mesa y que se ha convertido en uno de los asuntos más polémicos de este ejercicio para el Gobierno regional y los grupos parlamentarios.

La decisión que se tome con respecto a este asunto y las acciones que se desarrollen se reflejarán en la revisión de la Ley de Renovación Turística que se llevará a cabo en 2018.

Esta situación enfrenta los intereses y opiniones de los gestores turísticos de 75.000 plazas alojativas turísticas legales solo en Gran Canaria, y la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, que calcula atañe a 70.000 propietarios del sur de Gran Canaria y de otras zonas como Puerto de la Cruz o Los Cristianos en Tenerife, Puerto del Carmen en Lanzarote y otras áreas de Corralejo, Fuerteventura.

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4 Comentarios
Adolfo
Fecha: Domingo, 21 de mayo de 2017 a las 12:33
Está claro que este tema enfrenta a los intereses de los empresarios turísticos que pretenden comerse el pastel ellos solos y a ser posible, sin competencia. Este caballero afirma, que se puede tener derecho a la propiedad, pero no al uso. Eso es lo que le gustaría pero le informo que el propietario tiene derecho al uso de su propiedad. Por otra parte, me gustaría saber donde pretenden estos señores alojar a las 70.000 personas que pretenden expulsar de sus viviendas en las cuales residen desde hace muchos años. Ya es de traca afirmar que "no van a consentir un freno a la Ley de Renovación.
jose sanchez
Fecha: Sábado, 20 de mayo de 2017 a las 22:11
lo gracioso es que el señor smulders, de origen Holandes, vive en un complejo turístico, que pasa que este señor tiene algún derecho que no tenga otro propietario!!!. residir o disfrute propio seria lo correcto , alquiler vacacional o alquiler por cuenta propia no es viable para la economía canaria, ya que no genera puestos de trabajo. y además hay un gran fraude fiscal , porque la gran mayoría no declara los ingresos por alquiler . y asi llevan muchos años. No olviden que el sur de gran canaria es el motor de la isla.
Adolfo
Fecha: Sábado, 20 de mayo de 2017 a las 20:01
Comparar a los gestores de 75.00 plazas turísticas con los 70.000 residentes afectados por la Ley Turística, es hacer trampas al solitario. Las 75.000 supuestas plazas turísticas que gestionan estos operadores, no están en peligro. Más bien se trata de como estos y otros empresarios hoteleros, pretenden quedarse con el pastel turístico para ellos solos y sin nadie que les haga competencia. Lo que ya es de traca, son las manifestaciones del presidente de los hoteleros asegurando que "no va a consentir" que se les pongan impedimentos a sus pretensiones. Quien se cree que es este señor?
vecino
Fecha: Sábado, 20 de mayo de 2017 a las 11:27
Este disparate de ley y otras de esta Comunidad Autonoma serán corregidas donde proceda (TSJ; TS; TC; TJCE) porque son un puro disparate en un pais libre coartar la propiedad privada por el interés de unas empresas determinadas, muchas de ellas incluso extranjeras. Los politicos canarios, como SIEMPRE, a la altura de su capacidad, vendiendo a su pueblo por no se sabe que sobres y prebendas. La propiedad privada es sagrada en un pais libre, democratico y con una economia de mercado libre. No queremos leyes comunistas que expropian las propiedades que muchos han sudado si no pasan por el aro

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