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ECONOMÍA

El Gobierno convalida el decreto de la estiba con apoyos políticos pero no de los trabajadores, que irán a la huelga

Los estibadores han convocado huelgas a partir del 24 de mayo porque consideran el real decreto un "ERE encubierto"

Marina Estévez Torreblanca
Jueves, 18 de mayo de 2017
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[Img #40628]El Gobierno ha conseguido este jueves que se convalide el real decreto ley de reforma y liberalización del sector de la estiba, tras el fracaso en el primer intento. Aunque entonces el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró que trataría de obtener el apoyo del sector, lo cierto es que ha vuelto a llevar el texto al Congreso de los Diputados sin el consenso de los trabajadores, que han convocado huelgas, ni de los empresarios, que han criticado que no se les haya tenido en cuenta en la redacción del nuevo decreto.

Lo que sí se ha logrado es que más grupos políticos acompañen al PP y al PNV, que fueron los únicos que dieron su voto afirmativo en la primera ocasión: esta vez se unen Ciudadanos con un sí y el PDeCAT con la abstención. Este último sostén ha sido muy criticado porque se ha vinculado a la decisión del  Consorcio del Palau de la Música, del que es miembro del Ministerio de Cultura, de no ejercer la acusación contra la antigua CDC, algo que ha sido negado rotundamente tanto por el PP como por los catalanes. 

En su intervención, De la Serna ha pedido "sensatez, mesura y sentido común, desde el respeto al derecho a la huelga, porque el Decreto Ley de reforma del sector y el Real Decreto que lo acompaña ponen las bases suficientes y adecuadas para alcanzar acuerdos y garantizar la estabilidad en los puertos". "Es la hora del diálogo y no de la presión", ha añadido, informa EP.

El conflicto de la estiba comenzó a calentarse a principios de febrero, cuando el Gobierno anunció que preparaba un decreto para cumplir con la sentencia europea de liberalización del sector y evitar una multa. Desde entonces, los estibadores han convocado y desconvocado huelgas en sucesivas ocasiones, aunque parece que esta vez el conflicto en los puertos españoles es inevitable. De hecho la patronal ya viene denunciando paros encubiertos desde hace tiempo.

Por su parte, el Ministerio de Fomento decidió en un primer momento propiciar una mesa de diálogo con trabajadores y la patronal Anesco, con la mediación del presidente del CES, Marcos Peña, pero sin participar en ella, porque según insistía Íñigo de la Serna se trataba de un conflicto laboral. Pero sólo un día antes de la primera votación fallida del decreto, y previendo el desastre, tanto el propio ministro como representantes de Empleo se personaron en la mesa de negociaciones con una oferta de última hora. Sin embargo,  no consiguieron el apoyo de trabajadores y empresarios, algo que hubiera facilitado que el decreto se convalidase.

Tras salir derrotado el decreto del Congreso, De la Serna afirmó que trataría de conseguir que los estibadores y la patronal se sintieran representados por un nuevo texto. Sin embargo, según las partes, en este mes y medio no han tenido comunicación con Fomento, que parece haberse centrado más en los apoyos parlamentarios que finalmente ha obtenido.

Los grupos que han votado en contra

Durante el debate, el diputado del PSOE Rafael Ramos ha insistido en que no se garantizan los puestos de trabajo de los estibadores, algo que era "imprescindible" para dar su apoyo, al tiempo que ha remarcado el deterioro que provocará en las condiciones de los puertos españoles. Ha acusado a De la Serna, de "no tener cintura política ni capacidad para negociar ni con los trabajadores ni con la patronal".

El diputado de En Comú Podem Félix Alonso ha criticado que el mediador haya elaborado un texto diferente al acuerdo llegado entre trabajadores y empresarios, y que el Gobierno no respete el pacto entre las partes.

"Lo que han hecho es trocar cromos con el PDeCAT y sólo querían ver los votos que les faltaban presionado hasta la extenuación", ha lamentado tras afirmar que el Gobierno quiere despedir "a más de 6.000 trabajadores en diferido".

El diputado de ERC Jordi Salvador ha valorado que el texto incorpore demandas históricas como la formación específica que evita el intrusismo profesional y que contemple que el convenio de puertos esté sobre el de las empresas, aunque ha dicho que votan en contra porque hay "flecos" por cerrar como la subrogación, que "se ha de blindar".

Marta Sorlí, de Compromís, ha argumentado que la convalidación de hoy "no es más que un mercadeo de votos" y ha afirmado que se van a destruir los derechos laborales.

Los grupos que han facilitado la aprobación

El diputado de Ciudadanos Fernando Navarro ha incidido en que el nuevo Real Decreto Ley se enfoca en la mejora de la productividad, y ha señalado que permite no sólo cumplir con Europa sino que también recoge avances en la conservación de los puestos de trabajo y en la mejora de la competitividad de los puertos.

Ha argumentado la abstención en el anterior debate de convalidación porque carecía de consenso.

Por parte del PNV, Íñigo Barandiaran ha defendido las nuevas modificaciones sobre los requisitos de capacitación de los trabajadores para la manipulación de mercancías, y ha destacado que si antes era necesario para evitar las sanciones ahora además se da viabilidad y seguridad a los puertos.

El diputado del PDeCAT Ferrán Bel ha argumentado la abstención de su formación por su compromiso con las instituciones europeas, ya que "no es de recibo que tres años después haya una sentencia por cumplir y otra por llegar".

Además, ha indicado la necesidad de generar seguridad jurídica en los puertos y en sus inversiones y ha añadido que el Real Decreto Ley mejorará las condiciones del mantenimiento del empleo con varias modificaciones en torno a la formación, a eliminar la subvención de contratos temporales a estibadores, y al mantenimiento de que los estibadores puedan manipular vehículos en los puertos.

Desde el grupo Mixto, el diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca ha apoyado la convalidación porque un mercado único sirve para favorecer la libre circulación de las mercancías y se traduce en mejores puestos de trabajo.

Con la reforma de la estiba el Gobierno pretende modificar el régimen legal del sector de la estiba, la carga y descarga de mercancías de los barcos en los puertos, para que cumpla con la normativa europea, a la que actualmente contraviene, y evitar así una multa del Tribunal Superior de Justicia de la UE.

No obstante, con la reconversión del sector, también se pretende también liberalizar y romper el monopolio de facto en que actualmente se presta este servicio portuario, básico para la economía, dado que los puertos canalizan el 86% de las importaciones y el 60% de las exportaciones del país.

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