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Estatuto, autogobierno y democracia

ROMÁN RODRÍGUEZ
Domingo, 18 de diciembre de 2016
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Nueva Canarias (NC) ha apoyado en las Cortes la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía para Canarias. Un apoyo crítico con su forma de elaboración y con algunas carencias que presenta el texto llevado al Congreso de los Diputados y que, en el Parlamento canario, solo votaron favorablemente CC y PSOE. Pero hemos entendido que nos encontramos ante una oportunidad para ampliar el autogobierno y, también, para transformar el injusto y desequilibrado sistema electoral.

En su tramitación, en la Cámara canaria, NC se abstuvo. Por diferencias en el procedimiento, al no disponer de debate social, lo que hizo que su aprobación pasara prácticamente desapercibida para la mayoría de la ciudadanía de las Islas. También por no afrontar el imprescindible cambio en el modelo electoral.

Asimismo, por el uso oportunista del Estatuto. Retirándolo de las Cortes en 2007 cuando había condiciones para aprobarlo, por temor a que se pudiera modificar, en su tramitación, el sistema electoral que tanto beneficia a CC; y reactivándolo en 2014 cuando la mayoría absoluta del PP hacía imposible su aprobación. Sacrificaron el avance en el autogobierno por sus estrechos intereses partidistas.

La reforma estatutaria, con el texto enviado a las Cortes y las mejoras que se puedan establecer en el mismo a través de las enmiendas de los grupos parlamentarios, puede significar una ampliación importante de nuestro autogobierno. Situándonos en el máximo nivel de competencias que posibilita el actual marco constitucional.

Entre los elementos de avance figuran la ampliación de competencias en áreas como sanidad y comercio exterior, puertos y aeropuertos de interés general, telecomunicaciones o gestión del litoral. Así como en el transporte marítimo que se lleve a cabo exclusivamente entre puertos o puntos de Canarias.

Respecto a nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF) se señala, en su articulado, que “sólo podrá ser modificado de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera de la Constitución, previo informe del Parlamento Canario que, para ser favorable, deberá ser aprobado por las dos terceras partes de sus miembros”.

Igualmente, se recoge el reconocimiento de la lejanía e insularidad que obliga al Estado a la adopción de políticas específicas para afrontarlas, tal y como ya ha hecho la Unión Europea (UE) con el establecimiento del status de Región Ultraperiférica (RUP). Asimismo, con la aprobación de este Estatuto de segunda generación, Canarias podrá disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas.

Además se señala que “los poderes públicos canarios garantizarán las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos de las personas a la igualdad, la no discriminación, la participación en la vida pública, al desarrollo económico, la libertad y el respeto a los derechos humanos”. En su articulado se incluye un amplio capítulo sobre derechos y deberes en torno a la familia, los menores, las personas mayores, las personas en situación de discapacidad o dependencia y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Así como otros referidos a orientación sexual, la salud y la educación, vivienda, mundo laboral, acceso a las tecnologías de la información y comunicación, participación, culturales o medioambientales. Señalando también que “las personas que se encuentren en situación de exclusión social tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía”. Es cierto que el reconocimiento de un derecho no es garantía de cumplimiento automático. Un claro ejemplo es lo que sucede con la Constitución y el derecho a la vivienda.

Sistema electoral

Uno de los mayores déficits de la presente reforma es el tratamiento que recibe nuestro sistema electoral. Nos parecía muy insuficiente entonces, cuando se aprobó en 2015, y nos lo sigue pareciendo hoy, cuando comienza el trámite en las Cortes, que se limiten esos cambios a una bajada de los topes a la mitad de los vigentes (del 30% al 15% la insular y del 6% al 3% la archipielágica) y abrir la posibilidad de incorporar una lista canaria de diez diputados que se sumaría a los 60 de elección insular actuales, lo que en todo caso no modificaría sustancialmente la actual situación.

Estamos convencidos de que se puede y se debe hacer más para ganar en pluralismo y en proporcionalidad. Apostamos por una única barrera insular, del 5% o del 3%, como funciona en el resto de comunidades y en las elecciones a cabildos y ayuntamientos o al Congreso de los Diputados. Similar barrera en el caso de que se instaure una lista autonómica.

Y, además, planteamos que es imprescindible equilibrar la enorme desproporcionalidad del voto en los territorios, de uno a 17 si comparamos a El Hierro con Tenerife, incrementando de forma significativa los diputados de las islas más pobladas o generando una amplia lista archipielágica. Hoy, Gran Canaria y Tenerife, con el 83% de la población tienen conjuntamente 30 escaños, los mismos que el resto de territorios con el 17% de los habitantes.

En sus intervenciones en la toma de consideración, además del representante de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, los portavoces de PSOE, Podemos y Ciudadanos enfatizaron en la necesidad de cambios en esta materia. En la tramitación de esta reforma tienen la oportunidad, con diálogo y búsqueda de consensos, de mejorar la calidad de la vida democrática de las Islas.

En definitiva, considero positivo que Canarias avance hasta alcanzar los máximos techos competenciales en el actual marco constitucional, aunque seguimos defendiendo una reforma de la Carta Magna que aborde, también, el tema territorial; y, en su caso, planteamos la revisión del Estatuto tras esas reformas. Igualmente, valoro el amplio espacio de derechos sociales y ciudadanos que incorpora la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.

Pero entiendo, asimismo, que esta modificación sería incompleta si no abordara la superación de nuestros actuales déficits democráticos, con un imprescindible cambio del sistema electoral canario, que suponga ganar en pluralidad y en proporcionalidad en la representación del voto ciudadano, hoy gravemente lastrada por el más desequilibrado e injusto de los sistemas electorales del mundo democrático.

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