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Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Personas con capacidades y habilidades

Un 3 de diciembre más, una nueva oportunidad para celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

ANTONIO HERNÁNDEZ LOBO
Martes, 3 de diciembre de 2013
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Un 3 de diciembre más, una nueva oportunidad para celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad; una jornada de reflexión, al tiempo que reivindicativa y lúdica, donde el sector de la discapacidad (física y orgánica, mental, intelectual, y sensorial -ciegos y sordos-)  invita a todas las personas con o sin discapacidad, nuestras familias, amigos y entidades ciudadanas.

En el Estado español, la representación de nuestro sector la ostenta el CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, con sus CERMIS autonómicos, destacando en las islas CERMI Canarias.

A través de nuestras organizaciones, trabajamos por la no discriminación y la igualdad de oportunidades; en la actualidad, seguimos sufriendo discriminaciones por razón de nuestra discapacidad, situación que supone una vulneración de los derechos que debe tener garantizado todo ciudadano, con independencia de sus circunstancias personales.
La accesibilidad universal, el diseño para todos y la eliminación de barreras de todo tipo; porque las barreras físicas, de comunicación y mentales son una limitación a las posibilidades de actuación de las personas con discapacidad, que se añaden a la situación de desventaja objetiva de la que parten, impidiendo su participación plena en el curso ordinario de la vida social. En este sentido celebramos la constitución del Observatorio de la Accesibilidad, órgano representativo auspiciado por el Cabildo de Gran Canaria, dentro de su programa específico Gran Canaria Accesible. Dicha actuación trabaja, no sólo con el sector de la discapacidad, sino que logra aunar todas las actuaciones que emanan de las distintas áreas del Gobierno insular y de los veintiún ayuntamientos y mancomunidades de la isla.

Seguimos demandando empleo para lograr la incorporación real y efectiva a la vida activa, para así dejar de ser personas  dependientes.  
La educación, la salud, la asistencia sanitaria y la protección del consumidor, siguen siendo un caballo de batalla para las cuales condicionan las políticas activas de normalización.  

La semana pasada, el Consejo de Ministros anunció el nuevo decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que aglutina a las tres leyes ya existentes: Lismi (Ley de Integración Social de los Minusválidos), Liondau (Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad), y la Ley por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.  No se trata de una ley nueva, pero si de un importante avance en materia legislativa, respondiendo a las directrices de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Sólo esperamos que esta normativa actualizada garantice que la discapacidad esté contemplada en todas las actuaciones políticas y por todas las administraciones; Gobierno central, gobiernos autonómicos, diputaciones, cabildos, conseills insulars y ayuntamientos, además de las administraciones de justicia.

Son interesantes algunos avances como el de incorporar la discriminación por acoso para la conducta que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona con discapacidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante o humillante. Asimismo, la Ley refuerza la consideración especial de la discriminación múltiple para garantizar los derechos de quienes pueden estar en esta situación de acusada vulnerabilidad, con el fin de proteger de manera singular a las niñas, niños y mujeres con discapacidad.

En definitiva, este nuevo texto refundido, entiendo que debe suponer el reconocimiento expreso de que los ciudadanos con discapacidad somos titulares de derechos, y los poderes públicos están obligados a garantizar su ejercicio pleno.

Entiendo, también, que al menos en su forma, supera el concepto asistencial, pasando a ser considerados ciudadanos libres y con derechos en todos los ámbitos, desde la igualdad de oportunidades hasta la atención sanitaria, la educación y el empleo.
Por último, resulta interesante señalar n una cuestión altamente novedosa en lo que se refiere a la calificación del grado de discapacidad, ya sea la inicial o la de renovación, y es que, por primera vez en la historia, se valorarán no sólo nuestras limitaciones y barreras existentes sino que también se evaluarán nuestras capacidades y habilidades, que son muchas.

Antonio Hernández Lobo es Consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria y Secretario de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la provincia de Las Palmas –COCEMFE Las Palmas-

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