Toribio apela a la legalidad vigente

En el pleno celebrado por la Corporación municipal de San Bartolomé de Tirajana, ayer día 27 de marzo, se constituyó como protagonista, Fernando Toribio, portavoz del Partido Popular, el cual y apelando siempre a las leyes vigentes, bombardeó a la alcaldesa, haciéndole nada más y nada menos que 34 preguntas, las cuales adornó citando artículos del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De manera meridiana le recuerda a María del Pino Torres, los riesgos de una posible comisión de un delito de omisión, amparándose para ello en los artículos, 259, 262 y 264 de la citada Ley de LECr, donde entre otras cosas viene a decir, "la obligación ineludible que tiene la autoridad, que tuviera noticia de algún delito público, está obligada a denunciarlo inmediatamente ante el Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, o al Juez de Instrucción". En su argumentación explica los hechos por los que se podría incurrir en el ocultamiento de un delito flagrante, obviando durante 12 días la existencia del mismo, algo que le puede acarrear penas de inhabilitación para ostentar cargos públicos como mínimo. Recordemos que estamos hablando hasta ahora de la presunta desaparición de un talón de 114.660 euros, (19.077.810 de las antiguas pesetas), además de la supuesta falsificación de las firmas de la edil Concepción Narváez, cuando esta ejercía como alcaldesa de nuestro municipio. Ante la notoriedad de algo tan grave, donde la Fiscalía debió tomar cartas en el asunto, tan pronto se conoció la supuesta comisión de un posible delito y que dada su aparente indolencia, dejadez o quizás mal aconsejada por alguno de sus preclaros asesores, convendrá la señora alcaldesa, que ese enorme dispendio de dinero que hace el ayuntamiento pagándole cifras desorbitadas a un serie de sujetos que se autoproclaman fieles asesores es baldío y no tienen razón de ser, la prueba es evidente. No sería de extrañar que a corto o medio plazo, incluso, le haga perder la Alcaldía. Erró usted también, en darle a la Policía Local la investigación de algo que no le competía, ya que investigar este tipo de delitos es competencia de la Policía Nacional. Nunca debió ser la máxima autoridad de nuestro municipio, le faltaba la preparación y la experiencia necesaria para serlo, pero el juego de la política es así. Ahora lamentablemente tendrá que apechugar con todo lo que se le viene encima, y que no es poco. Una vez más, Fernando Toribio, haciendo gala de su profesión de abogado y por consiguiente conocedor de las leyes, y ejerciendo su función de concejal, le ha sacado los colores y la ha puesto en evidencia ante todo el pueblo de San Bartolomé de Tirajana.