El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Domingo Berriel, dijo este miércoles que en la ley de Medidas Urgentes no se produce ninguna intromisión competencial, mientras que el grupo Socialista aseguró que la ley vulnera la competencia municipal e insular.
El portavoz del grupo Socialista, Santiago Pérez, en una interpelación al consejero sobre la autonomía de las entidades locales en materia de ordenación del territorial, urbanística y de los recursos naturales, consideró que la simplificación de la normativa no puede ser coartada para eliminar principios fundamentales del ordenamiento jurídico como son las competencias de las entidades locales.
Pérez advirtió de que mantenerse en sus actuales términos la ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la dinamización pectoral y la ordenación del turismo se creará un conflicto con las entidades locales que retrasará la entrada en vigor de otros aspectos básicos de la nueva regulación.
El consejero insistió en que la ley de Medidas Urgentes, que se encuentra en tramitación en el Parlamento, articula herramientas para dar respuesta a los problemas territoriales que son de carácter suprainsular y supramunicipal y señaló que el texto lo que pretende es que el Gobierno tenga ejecutividad en sus acciones porque es, dijo, lo que demanda la sociedad.
Berriel indicó que el proyecto de ley prevé el ejercicio supletorio de la Comunidad Autónoma en el caso de los planeamientos urbanísticos sólo cuando se produzca una reiterada pasividad municipal, y con el fin, agregó, de garantizar las condiciones de igualdad de los ciudadanos.
Señaló que la declaración como estratégicos de suelos industriales, que fue otro de los aspectos sobre los que Pérez advirtió de que se vulnera las competencias municipales, trata de corregir la rigidez que impiden del marco legislativo actual para el desarrollo e implantación de la actividad industrial.
También aludió a los proyectos de sustitución, rehabilitación y reforma de la planta alojativa turística y señaló que el texto legal lo que pretende es viabilizar las operaciones de reforma interior y los proyectos de remodelación urbanísticas y edificatoria de zonas degradadas.
El portavoz socialista Santiago Pérez reconoció que la normativa sobre la ordenación territorial es farragosa pero recordó que este complejo sistema legal surgió por la preocupación de amplios sectores sociales por contener aspectos de crecimiento.
Pérez señaló que a lo largo de los años, las competencias locales e insulares han sido reforzadas y afirmó que Berriel está "agobiado" por los problemas surgidos con este proyecto de ley que adopta, dijo, una postura centralista y nada respetuosa con las competencias locales.
Las competencias de las entidades locales deben ser ejercidas con plena autonomía y con plena capacidad legal y ello es incompatible con controles de otros centros de decisión que utilizan para ello razones de oportunidad, dijo Pérez.
El portavoz parlamentario afirmó que se suscita dudas sobre en qué municipios, de qué color político o con qué criterios el Gobierno declarará como estratégico el suelo industrial o la existencia de un interés supramunicipal en la redacción de su planeamiento.








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