La expropiación que tiene prevista la Demarcación de Costas en toda la parte del litoral que comprende desde el Anexo II hasta antes de llegar al Centro Comercial Santa Ana, junto a las oficinas de Turismo de Playa del Inglés ha sido considerada por los empresarios de la zona como una medida drástica y arbitraria por parte del gobierno de Zapatero, quien ni tan siquiera tiene intención de indemnizar a los perjudicados. Casi todos son conscientes de que la zona necesita un repaso pero en tiempos de crisis para algunas familias una decisión de esta envergadura les dejaría literalmente en la calle, otras perderían la inversión que en su día realizaron en la zona. A qué espera el Ayuntamiento como propietario de las zonas de servidumbres y el parking del Anexo para reunirse con los empresarios como un perjudicado más y reclamar la mejor de las soluciones.








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