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En libertad con cargos los tres detenidos de Mogán

Jueves, 25 de Enero de 2007
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MASPALOMAS AHORA.- El juez de la "operación Góndola", sobre supuesta corrupción urbanística en el ayuntamiento grancanario de Mogán, ha dejado esta tarde en libertad con cargos, pero sin fianza, a tres de los cinco detenidos el martes, entre ellos el alcalde, acusados de diversos delitos. p1250027.JPG p1250028.JPG p1250031.JPG p1250030.JPG p1250017.JPG Se trata del secretario del Ayuntamiento de Mogán, Angel Sutil Nesta; el colaborador de la primera teniente de alcalde, Manuel de León Toledo; y el ex jefe de la oficina de Urbanismo, Marcelino Martín Artiles, informaron fuentes judiciales. Los tres detenidos declararon a lo largo de la mañana y la tarde de hoy ante el juez que los investiga a ellos, y al alcalde y primera teniente de alcalde de Mogán, por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, actividades y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y tráfico de influencias, cometidos parte de ellos en la firma de un convenio del Ayuntamiento con la empresa promotora Anfi-Tauro. Tras su declaración judicial, el secretario del Ayuntamiento, Angel Sutil Nesta, ha quedado en libertad provisional sin fianza y con cargos de prevaricación, delito contra el ordenamiento del territorio y del medio ambiente, y delito de omisión del deber de perseguir delitos. El juez le ha retirado el pasaporte. Manuel de León Toledo, colaborador de la primera teniente de alcalde Onalia Bueno García (PP), también detenida, ha quedado en libertad provisional sin fianza y con cargos por delito electoral y falsedad documental, según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Este implicado deberá presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes y también se le ha retirado el pasaporte. El funcionario jubilado Marcelino Martín Artiles, que fue jefe de la oficina de Urbanismo del consistorio de Mogán, ha quedado en libertad provisional con fianza, con los cargos de prevaricación, contra el ordenamiento del territorio y del medio ambiente, así como tráfico de influencias y actividades y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Asimismo, el juez ha decretado su obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado y, al igual que a los otros dos, le ha retirado el pasaporte. A su salida de los juzgados de San Bartolomé de Tirajana, los tres implicados se limitaron a decir que habían quedado en libertad sin cargos y eludieron hacer declaraciones porque el sumario está secreto.
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