Energías renovables y públicas

Tras la reciente sentencia sobre las irregularidades en las adjudicaciones de la TDT, el Gobierno canario se enfrenta a un nuevo problema. En efecto, la exclusión de la empresa pública Inalsa del concurso eólico ha levantado ampollas más allá de la isla de Lanzarote. Las dudas sobre errores a la hora de tomar esa decisión, posibilidad reconocida por el propio consejero de Industria del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, vuelven a traer a la memoria la escandalera del denominado caso eólico y las sombras sobre intentos de beneficiar a empresas privadas en el negocio del viento, quitando de en medio, como ocurrió en la anterior ocasión con Gran Canaria, a las  iniciativas públicas. Recuérdese que entonces el Cabildo de Gran Canaria presidido por José Manuel Soria impidió que una empresa pública, Megaturbinas de Arinaga, de la que formaba parte la propia corporación insular, concurriera a dicho concurso pese a reunir todas las condiciones para ello y siendo su objeto social “el aprovechamiento de las energías renovables, particularmente la eólica”. El PP entregó los terrenos de titularidad pública en los que se iban a instalar los aerogeneradores a empresas privadas, renunciando, por tanto, a obtener cualquier beneficio para la Isla. SPEGC El actual equipo de Gobierno del PSOE y Nueva Canarias ha hecho justo lo contrario, participando en el presente concurso eólico. El Cabildo grancanario concurre a través del Consejo Insular de Aguas y de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), solicitando un total de 78 megavatios de potencia (51.4 y 27.6 megavatios respectivamente) en Arinaga y Guayadeque. Canarias padece un sistema energético con evidentes carencias, caracterizado por la ineficiencia y la dependencia del exterior, con un enorme peso de la generación de energía por combustibles fósiles y una enorme debilidad de las energías renovables. Eso es determinante, junto al abuso del transporte privado -con cifras de coches por habitante muy superiores a la media española- en nuestros elevados índices de emisión de gases de efecto invernadero. Un modelo, el actual, que supone una elevada factura económica, pero también medioambiental y de salud. Por ello, venimos insistiendo en la necesidad de un profundo cambio de modelo, con ejes como el ahorro y la eficiencia energética, y la apuesta clara por las energías renovables, especialmente la eólica y la solar fotovoltaica, para las que Canarias reúne excepcionales condiciones. Y, pese a esa enorme potencialidad del Archipiélago, nos encontramos muy atrasados respecto a otras comunidades autónomas en la implantación de esas energías más limpias, a consecuencia de reiterados y graves errores políticos. Sistema energético En nuestro programa electoral para las autonómicas de 2007, desde Nueva Canarias defendimos una serie de medidas orientadas a alcanzar ese imprescindible objetivo de mejora de nuestro sistema energético, con el fin de superar el actual estancamiento que sufren en nuestra tierra las energías renovables. Entre otras, la creación de un modelo de beneficios fiscales para las empresas que utilicen energías renovables, apuesta decidida por el desarrollo de estas energías por parte de las administraciones públicas así como el establecimiento de planes de choque de ahorro y eficiencia, tanto a nivel industrial como a nivel doméstico. Igualmente, planteamos compatibilizar la instalación de aerogeneradores con el mayor respeto a los valores naturales y paisajísticos, así como estudiar su posible instalación mar adentro. Y, asimismo, incluimos la propuesta de elaboración de una Ley Canaria de Energías Renovables, que garantice el control y participación pública en las mismas. Parece lógico que la energía generada por el viento, el sol o las mareas, sirva para recortar el coste energético de las instituciones públicos o para reducir el gasto que supone el proceso de desalación de aguas, beneficiando el interés general de los ciudadanos y las ciudadanas del Archipiélago. Un interés general que, por sus distintas actuaciones, no parece estar entre los objetivos del actual Gobierno canario.

Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias.