La diputada de CC por Gran Canaria, María del Mar Julios, preguntó al consejero de Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, por la postura del gobierno ante "las múltiples sanciones económicas impuestas por la Delegación del Gobierno a los vecinos del Castillo del Romeral".
Las sanciones fueron impuestas por su participación en las manifestaciones desarrolladas con motivo del inicio de las obras para la construcción de la macrocárcel en San Bartolomé de Tirajana.
La diputada puso en duda, ante el Pleno del Parlamento de Canarias, "la forma de actuar" en este asunto y que ha provocado "importantes sanciones económicas, algunas alcanzan los 6.000 euros, a personas mayores y humildes por manifestarse contra del lugar dónde se pretende emplazar el recinto penitenciario".
Julios recuerda que el lugar donde se emplazará el centro son terrenos agrícolas y propiedad de la comunidad autónoma, los cuales equivalen a 65 campos de fútbol.
Señaló que en ningún caso se pone en duda la necesidad de una cárcel en condiciones, capaz de acoger a la población reclusa en Gran Canaria, pero sí las formas "prepotentes" en las que se ha actuado en contra de unos vecinos que el único delito que han cometido es defender que la zona escogida "no es la más idónea".
La diputada recordó que en los últimos años los "distintos gobiernos no han asumido la necesidad de un segundo recinto penitenciario en Gran Canaria", a pesar de que se produjeron algunas propuestas de terrenos donde ubicarla como la del Ayuntamiento de Guía.
Una medida, añade, que "fue duramente criticada" por el PSOE, quien llegó a convocar manifestaciones de rechazo hacia la iniativa del alcalde de Guía "alegando problemas de inseguridad para que, ahora, 8 años después, la misma fuerza política imponga la construcción del recinto en una zona inadecuada".
María del Mar Julios reclamó el derecho de las comunidades autónomas de exigir su participación en la decisión sobre la ubicación y dimensión de los recintos penitenciarios, y solicitó al Gobierno de Canarias que se interese por el modelo penitenciario que se debe desarrollar en Canarias.
Las sanciones fueron impuestas por su participación en las manifestaciones desarrolladas con motivo del inicio de las obras para la construcción de la macrocárcel en San Bartolomé de Tirajana.
La diputada puso en duda, ante el Pleno del Parlamento de Canarias, "la forma de actuar" en este asunto y que ha provocado "importantes sanciones económicas, algunas alcanzan los 6.000 euros, a personas mayores y humildes por manifestarse contra del lugar dónde se pretende emplazar el recinto penitenciario".
Julios recuerda que el lugar donde se emplazará el centro son terrenos agrícolas y propiedad de la comunidad autónoma, los cuales equivalen a 65 campos de fútbol.
Señaló que en ningún caso se pone en duda la necesidad de una cárcel en condiciones, capaz de acoger a la población reclusa en Gran Canaria, pero sí las formas "prepotentes" en las que se ha actuado en contra de unos vecinos que el único delito que han cometido es defender que la zona escogida "no es la más idónea".
La diputada recordó que en los últimos años los "distintos gobiernos no han asumido la necesidad de un segundo recinto penitenciario en Gran Canaria", a pesar de que se produjeron algunas propuestas de terrenos donde ubicarla como la del Ayuntamiento de Guía.
Una medida, añade, que "fue duramente criticada" por el PSOE, quien llegó a convocar manifestaciones de rechazo hacia la iniativa del alcalde de Guía "alegando problemas de inseguridad para que, ahora, 8 años después, la misma fuerza política imponga la construcción del recinto en una zona inadecuada".
María del Mar Julios reclamó el derecho de las comunidades autónomas de exigir su participación en la decisión sobre la ubicación y dimensión de los recintos penitenciarios, y solicitó al Gobierno de Canarias que se interese por el modelo penitenciario que se debe desarrollar en Canarias.
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