La titular del Juzgado Número 6 de San Bartolomé de Tirajana ha dictado un auto de sobreseimiento y archivo del procedimiento penal contra el edil de Disciplina Urbanística, David Delgado, acusado de un presunto delito de prevaricación por el propietario de un bar social.
La resolución da la razón a Delgado sobre su actuación de ordenar la suspensión de la actividad del bar regentado por el denunciante, en cuya conducta no ha quedado acreditada "la existencia de ninguna decisión o resolución arbitraria, habiéndose amparado en todo caso en la existencia de resoluciones judiciales", señala el auto.
La resolución agrega que en la actuación de Delgado "no aparece justificada la perpetración del hecho que ha dado motivo a la formación de la causa, viniendo dicha actuación refrendada por el acto administrativo de fecha 6 de Noviembre de 2003 y la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria de fecha 1 de Septiembe de 2005".
El responsable del bar social, José Cazorla, denunció a Delgado durante el pasado mes de julio de 2008, al entender que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ordenó el precinto del bar en 2003, posteriormente reabrió a los dos meses tras un auto judicial y nuevamente, en junio de 2008 el Ayuntamiento lo precintó.
Tras varios procedimientos judiciales en contra de esta resolución administrativa y la apelación del Ayuntamiento, el recurrente obtuvo un auto favorable de Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de las Palmas que deniega la clausura del bar temporalmente hasta que se resuelva el pleito administrativo.
Ante estos hechos, el responsable de Disciplina Urbanística, David Delgado, fue citado el pasado 31 de julio al objeto de prestar declaración en calidad de imputado, asistido del letrado Carmelo López Cabrera.
La orden municipal se fundamenta en la carencia de licencia de apertura del establecimiento, no obstante, el titular mantiene que le fue otorgada como bar desde 1988, un hecho que dudan desde el Consistorio.
El concejal, quien consideró desde un principio "bastante probable" el archivo de este procedimiento, anunció el inicio de todas las acciones legales precisas contra el denunciante ante el comportamiento "tan temerarios en la presente causa, que solo persigue el daño y el descrédito".
Si bien la citada resolución esta sujeta a recurso, esta es la segunda causa incoada que termina archivada, tal y como sucediera contra la denuncia presentada por el Consejo de Vecinos de Castillo del Romeral.
La resolución da la razón a Delgado sobre su actuación de ordenar la suspensión de la actividad del bar regentado por el denunciante, en cuya conducta no ha quedado acreditada "la existencia de ninguna decisión o resolución arbitraria, habiéndose amparado en todo caso en la existencia de resoluciones judiciales", señala el auto.
La resolución agrega que en la actuación de Delgado "no aparece justificada la perpetración del hecho que ha dado motivo a la formación de la causa, viniendo dicha actuación refrendada por el acto administrativo de fecha 6 de Noviembre de 2003 y la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria de fecha 1 de Septiembe de 2005".
El responsable del bar social, José Cazorla, denunció a Delgado durante el pasado mes de julio de 2008, al entender que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ordenó el precinto del bar en 2003, posteriormente reabrió a los dos meses tras un auto judicial y nuevamente, en junio de 2008 el Ayuntamiento lo precintó.
Tras varios procedimientos judiciales en contra de esta resolución administrativa y la apelación del Ayuntamiento, el recurrente obtuvo un auto favorable de Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de las Palmas que deniega la clausura del bar temporalmente hasta que se resuelva el pleito administrativo.
Ante estos hechos, el responsable de Disciplina Urbanística, David Delgado, fue citado el pasado 31 de julio al objeto de prestar declaración en calidad de imputado, asistido del letrado Carmelo López Cabrera.
La orden municipal se fundamenta en la carencia de licencia de apertura del establecimiento, no obstante, el titular mantiene que le fue otorgada como bar desde 1988, un hecho que dudan desde el Consistorio.
El concejal, quien consideró desde un principio "bastante probable" el archivo de este procedimiento, anunció el inicio de todas las acciones legales precisas contra el denunciante ante el comportamiento "tan temerarios en la presente causa, que solo persigue el daño y el descrédito".
Si bien la citada resolución esta sujeta a recurso, esta es la segunda causa incoada que termina archivada, tal y como sucediera contra la denuncia presentada por el Consejo de Vecinos de Castillo del Romeral.
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