La lección de Veneguera

Veneguera ha vuelto al primer plano informativo con la reciente sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Una sentencia que rechaza las pretensiones de la empresa Costa Canaria de Veneguera, que reclamaba al Gobierno de Canarias una indemnización por daños y perjuicios de 348 millones de euros por haber impedido la urbanización de este paraje natural. El debate sobre el destino de esta singular zona de la isla de Gran Canaria se inicia a comienzos de los años ochenta del pasado siglo y se plasmó en la constitución de Salvar Veneguera. Un movimiento social impulsor de numerosas movilizaciones, así como difusor por todo el Archipiélago de los valores naturales, culturales e históricos del barranco de Veneguera. Un debate que simbolizó, al tiempo, las crecientes preocupaciones ante los efectos negativos de nuestro modelo económico, sustentado en el binomio construcción-turismo, y los deseos de un cambio de orientación hacia la sostenibilidad. Es decir, hacia la necesidad de hacer compatibles el crecimiento económico y la generación de empleo con la preservación de nuestro territorio y sus recursos naturales. Haciendo del turismo, tal y como señalan las directrices europeas, un aliado del desarrollo sostenible. Fortaleciendo, en definitiva, a un sector, el turístico, que ha sido esencial para las transformaciones económicas y sociales que nos han permitido superar el secular atraso de esta tierra y dar el salto hacia la modernidad y el bienestar. Ley de protección de Veneguera Ha sido larga en el tiempo y con numerosos vericuetos la senda seguida hasta llegar al máximo nivel de protección para Veneguera, alcanzado con la aprobación en marzo de 2003 de la Ley que declara el barranco de Veneguera como parte del Parque Rural del Nublo. Aprobación que impulsé, estando al frente de la Presidencia del Gobierno, pese a la frontal posición contraria de una parte significativa del partido que apoyaba al Ejecutivo, que actuaba justo en línea contraria impulsando la urbanización de Veneguera. En el camino, hitos como la revisión del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria de abril de 1998, en la que se contemplaba la desclasificación de los terrenos de Veneguera impidiendo toda intervención en la zona; o la aprobación provisional del PIOT en enero de 2003, que confirmaba esa imposibilidad de actuaciones urbanísticas. Asimismo, en 1998, el Parlamento canario aprobó la Ley de Iniciativa Popular que lejos de prohibir la construcción de hoteles en la zona, como se solicitaba, autorizaba la creación de miles de camas en una superficie de hasta 160 hectáreas en Veneguera, tergiversando la propuesta ecologista avalada por la firma de más de 40.000 ciudadanos grancanarios y de todas las Islas. Esta decisión parlamentaria ocasionó una gran insatisfacción, en el conjunto de la sociedad grancanaria, muy sensibilizada en torno a la protección de Veneguera, una de las pocas zonas vírgenes de la isla. Por eso, para cumplir con la voluntad mayoritaria de la gente de Gran Canaria, fue preciso aprobar la Ley 6/2003 de 6 de marzo, que declara el barranco de Veneguera como espacio natural protegido, y que, por tanto, impide el desarrollo urbanístico en la zona. Directrices Una actuación, coherente con nuestra forma de entender el presente y futuro de Canarias, que, tras un largo y fructífero debate social y un elevado consenso, se confirmó posteriormente con la aprobación en el Parlamento de las leyes de directrices de ordenación general y del turismo, que apostaban por la sostenibilidad de nuestro modelo turístico, con una menor ocupación del territorio, la sustitución de la cantidad por la calidad de nuestra oferta y por la diversificación de nuestros productos turísticos. Los gobiernos posteriores, tanto el de Martín como el de Rivero, han tratado de desandar ese camino. Impidiendo primero el desarrollo de las directrices en aspectos tan elementales como el impulso a la renovación de la planta alojativa obsoleta o la aprobación en abril de 2006, como correspondía, de la ley trienal que estableciera nuevos límites al crecimiento. Asunto este último de especial gravedad pues hace a los sucesivos gobiernos de ATI-CC y PP responsables de las posibles indemnizaciones solicitadas por los promotores urbanísticos por incumplimiento por la Administración (uno más) de los plazos establecidos en la Ley de Directrices, como señalan algunas sentencias. E inventándose ahora una ley de medidas urgentes que ha suscitado el absoluto rechazo de corporaciones locales e insulares, patronales del sector turístico, colegios de arquitectos o movimientos ecologistas. E incluso la total oposición de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible del propio Ejecutivo cuyo director dimitió por ello. El proyecto de ley de medidas urgentes rompe, además, con la tradicional unanimidad parlamentaria y social con la que hasta ahora se han desarrollado nuestras leyes de ordenación territorial. Queriendo liquidar la actual moratoria turística para defender los intereses de unos pocos y utilizando la actual crisis económica que padecemos para avalar sus intentos de desproteger el suelo rústico. Se trata de una auténtica contrarreforma de nuestro ordenamiento territorial. El Gobierno de ATI-CC y del PP que padecemos no ha aprendido la lección de Veneguera. Por el contrario, los grupos parlamentarios que le apoyan han rechazado si quiera tomar en consideración la Iniciativa Legislativa Popular de Ben Magec, avalada por 45.000 ciudadanos, que proponía contener el crecimiento alojativo y fomentar la rehabilitación turística. Una decisión vergonzosa que sólo logra generar en la ciudadanía desafecto y desmotivación hacia la participación política. Por todo ello, frente a las pretensiones de este Gobierno, urge seguir apostando por un desarrollo sostenible que combine la generación de riqueza y empleo para las actuales y también para las futuras generaciones, conservando nuestro privilegiado territorio y medio natural. Y posibilitando que las Islas continúen siendo atractivas para los millones de turistas que nos visitan. Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias.