Otro 6 de diciembre y seguimos esperando

La Constitución de 1978 abrió un aparente periodo de normalidad democrática en el estado español. Sobre todo lo decimos si tenemos en cuenta lo que ha sido la historia de España durante los siglos XIX y XX. La Constitución Española inició, al menos, una nueva etapa de libertades, de consenso y de consolidación del Estado de Derecho. Con ella, los ciudadanos de los distintos pueblos que integran España pusimos fin a una larga tradición de turbulencias e intolerancia. Y no fue fácil, ya que se requirió de la voluntad de todos los pueblos, naciones y regiones de España, esfuerzo para superar heridas históricas y seculares diferencias. Y voluntad para dar el salto hacia la democracia, el progreso y la modernidad. La España de 1978 se definió a sí misma a través de la tolerancia y la construcción de una España de los pueblos y las culturas, aferrándose a su memoria para elaborar una arquitectura sólida que la igualara con países de larga trayectoria democrática. Y fue capaz de articular una base legislativa para llegar a una norma fundamental, la Constitución Española, estableciendo con ella el camino que queríamos recorrer. Pero no todo era un camino de rosas,  existieron diferencias, incluso momentos de mucha crispación. La Sala de los Ponentes del Parador de la Sierra de Gredos fue fiel testigo de ello. Y es que dejábamos atrás una dictadura de 40 años de duración, dejábamos, nuevamente, aparentemente, atrás las dos Españas de las que se dolía Antonio Machado. Aún así, la clase política, las organizaciones sindicales y los ciudadanos asumieron que se encontraban ante un momento histórico y que había que consensuar con generosidad los grandes acuerdos que garantizaran el marco constitucional de lo que se pretendía que  fuera España. Aún así, el apoyo a esta Constitución no llegó al 75 por ciento, el índice de abstención fue relativamente alto. Quien asume la jefatura del Estado fue  el nieto de Alfonso XIII, último rey de España, saltándose la línea generacional de su padre, Don Juan de Borbón. El nuevo Borbón tuvo las presiones suficientes y necesarias para impulsar y conseguir la transformación del sistema político español en una monarquía parlamentaria. Y, al menos, tuvo también la certeza de que ese nuevo modelo democrático, plural, diverso y de libertades desembocaba necesariamente en la elaboración consensuada, aunque costara, de la Constitución. Realmente la Constitución de  1978  no cambió a la sociedad, fue el resultado y la expresión del cambio que el país deseaba. Y, a partir de la creación o legalización de los partidos políticos, expresión de ese cambio fue también el dar cabida a los grupos sindicales que hasta el momento luchaban en la clandestinidad. Así quedó especificado en el artículo 7 donde se reconoce que los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios, y subraya, para marcar aún más las diferencias con el régimen anterior, que su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. En un momento donde se habla todos los días de reforma de la Constitución, reformas de los distintos estatutos de autonomía, hay que recordarles a muchos que nos gobiernan hoy y a otros que nos gobernaron, que España se concibió como un Estado descentralizado, con un conjunto de nacionalidades y de pueblos diversos capaces de  vertebrar entre todos un proyecto común. Y ese reconocimiento es lo que conocemos como Estado de las Autonomías, y que ha permitido a estos territorios alcanzar un margen de autogobierno. Es a día de hoy, cuando observamos un margen que no se quiere ampliar desde las fuerzas políticas llamadas estatalistas, ya sean conservadores, o sean socialistas. Recorriendo la historia de España, vemos como buena parte de los acontecimientos de ruptura constitucional en España, sobre todo en el siglo pasado, han tenido que ver con el territorio y su unidad. Y, más concretamente, con la tensión centro-periferia, entendida como dos formas divergentes de pensar la organización política del Estado: una idea espiritual de España como unidad uniforme, centralista y otra, igual de legítima, que la concibe como una pluralidad de naciones sin una estructura compartida. En la actualidad, esa tensión centro-periferia vuelve a ponerse de manifiesto con los que reclamamos una revisión del texto constitucional, y específicamente, del Título VIII, así como después de las reformas de los últimos estatutos: Catalunya, Illes Balears, País Valenciano, Andalucía con su realidad nacional, etc. En el caso de Canarias, paradójicamente, los frenos vuelven a venir de esas fuerzas políticas contrarias a la ampliación de ese margen del que anteriormente hablábamos. Quizás lo que no se entienda por esos grupos políticos de obediencia totalmente centralista es que la realidad del Estado ha cambiado y ésta ya no es la España de 1978, como tampoco lo son las regiones y pueblos que la integran. Sin embargo, la Constitución se redactó teniendo muy presente la importancia del consenso y el respeto a las diferencias. El texto constitucional puede -y debe-, adaptarse a los cambios surgidos en estos años, permitiendo un aumento cuantitativo y cualitativo del autogobierno y del ámbito competencial de las comunidades autónomas, como han señalado presidentes autonómicos de todas las fuerzas políticas. Concluyo, creo que ya es hora de reinterpretar el texto constitucional con mayor flexibilidad para dar cabida a las legítimas aspiraciones de los pueblos que integran el Estado. Y para que cada parlamento vea realidad lo que en sus distintas asambleas legislativas se decida para su futuro a través de la reforma de sus estatutos. Confiemos en que en los próximos años celebremos las aspiraciones que a este archipiélago atlántico nos corresponde. Antonio Hernández Lobo es Presidente de la Asociación Plan Estratégico de Telde y Vicepresidente del Consejo Escolar Municipal de Telde http://desdelaluzdelfaro.blogspot.com/