Fuerzas del orden y justicia

No se entiende que en un país democrático como este, los llamados cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado -o sea guardia civil y policía nacional- muestren de vez en cuando su descontento, en manifestaciones públicas, organizadas por sus  asociaciones o sindicatos profesionales, sin que el gobierno, o los gobiernos de turno, se apresten a resolver sus problemas y a satisfacer sus reivindicaciones. Máxime cuando todos entendemos, ya que se trata de quienes velan por nuestra seguridad y por el cumplimiento de las leyes, y  que lo que piden es razonable y justo. El enfrentarse a la delincuencia, especialmente si están tan organizada como últimamente viene ocurriendo en España, (se asegura que hay al menos 400 bandas organizadas en este país)  o el realizar tareas de investigación, con métodos modernos y eficaces, requiere un personal cualificado y los medios materiales y humanos suficientes. Así y todo, vemos como se desarrollan a lo largo del año numerosas operaciones con bastante éxito contra los que infringen la ley. Pero el gobierno actual, o sus antecesores, no han sabido, por lo visto, apreciar el riesgo que corren ni cuales son sus necesidades más perentorias. Por un lado, el gobierno Aznar redujo las fuerzas de seguridad del Estado, y el de Zapatero parece hacer oídos sordos a lo que estas reclaman. Unas fuerzas sin medios, sin estímulos, sin buenos sueldos, pueden entrar en una situación de desidia, en el aspecto profesional.. Unos sueldos dignos, que estén al mismo nivel que el de sus colegas de los países más avanzados de la Europa comunitaria. Sin olvidar una comprensión y consideración de la labor que realizan, que no sólo se refleje cuando mueren ante un atentado o en acto de servicio. Como hemos visto, algunos funcionarios de las fuerzas policiales, se ven tentados en determinados casos por los sobornos y componendas. Aunque claro está, también habría que penalizar y perseguir a los que inducen a tales comportamientos, a los corruptores. Por ahora, son casos aislados, que todavía no causan alarma social, y  que reciben, no sólo la reprobación de sus propios compañeros y mandos, sino también de la sociedad, que de progresar esta tendencia perdería la fe y la confianza en quienes tienen la obligación de hacer cumplir la ley. Pero, afortunadamente,  no hemos llegado a esa situación de máxima corrupción policial como la que se observa en países de nuestro vecino continente, en  Sudamérica, e incluso de Estados Unidos. Y esperemos que nunca se llegue a esos extremos. Todo depende de que el gobierno este o el que sea, les augure un futuro más seguro, más estimulante y les facilite su trabajo con los medios adecuados. Otro problema que va emparejado a este es el de la administración de justicia. La actuación de determinados jueces desconcierta a muchos miembros de los cuerpos de seguridad porque con unas sentencias y determinaciones absurdas echan por tierra toda la labor policial, o ponen en peligro a la sociedad colocando en la calle a sicópatas y peligrosos delincuentes. Llega un momento de que algunos funcionarios policiales se preguntan para qué han realizado un arresto si luego viene uno de estos jueces iluminados, y ponen en la calle a los delincuentes, o les imponen sentencias poco acordes con la gravedad del delito cometido. Pero el principal problema es que ningún gobierno de España, sea cual fuere su color político, se ha tomado en serio la buena marcha de la administración de la Justicia, que es uno de los elementos básicos de un estado de Derecho. En primer lugar, no se comprende la fórmula consensuada por los partidos políticos mayoritario para elegir a los miembros de los órganos del poder judicial. Es absurdo que se contemple la tendencia política de magistrados y jueces, en vez de atender a su ética profesional y su vocación de defender antes que nada la correcta interpretación  de las leyes. Es la única manera de garantizar la independencia de ese poder judicial y de los jueces. Tanto el PSOE como el PP han hecho ahí un reparto que no gusta para nada a la mayoría de los ciudadanos. Y por si esto fuera poco, no se atienden tampoco las reivindicaciones del tercer poder de esta democracia, como si realmente a los políticos no les interesara que funcione como es debido la Justicia y tengamos un auténtico Estado de Derecho. Se necesitan reformas del Código Penal, sustituir leyes obsoletas por otras más de acuerdo con la realidad y nuestros tiempos; existen lagunas que no se cubren; Se necesitan reformas del Código Penal; sustituir leyes obsoletas por otras más acordes con la realidad de nuestros tiempos: Se requieren más medios humanos y materiales; más infraestructuras; Que los sistemas informáticos de la Justicia se encuentren interrelacionados; que se pueda acceder con facilidad a la base de datos de cualquier autonomía y de cualquier ciudad, y que haya, además, una comunicación  con las administraciones de Justicia y fuerzas policiales de otros países. En fin, como el movimiento se demuestra andando, ya es hora de que se pongan en marcha todas las medidas necesarias para que funcione la Justicia y puedan trabajar con más eficacia los cuerpos policiales. Nadie quiere que se apliquen parches sino que definitivamente se apruebe esa asignatura pendiente que tiene el país.