NC afirma que la Ley de Medidas Urgentes supone una involución en el ordenamiento territorial

Nueva Canarias (NC) afirma que la Ley de Medidas Urgentes que pretende aprobar el Gobierno canario supone una involución en materia de ordenamiento territorial que tira por tierra los objetivos de preservación del territorio. NC advierte que esta ley es contradictoria puesto que a pesar de tener unos objetivos razonables como simplificar la normativa, agilizar el planeamiento o impulsar la renovación turística, las medidas que propone apuntan a todo lo contrario siendo no sólo inapropiadas, sino contraproducentes. De esta manera NC asegura que la ley “pretende obviar los instrumentos de ordenación existentes”, poniendo en manos del Gobierno la decisión de implantar directamente actividades industriales o equipamientos en suelo rústico o imponiendo unos desconocidos planes de modernización y mejora del sector turístico a los cabildos y ayuntamientos. Pero además reprueban la propuesta de que sea el Ejecutivo quien directamente exceptúe a los promotores turísticos de solicitar la licencia municipal de obra para realizar proyectos en el ámbito turístico, y que sea quien decida la aprobación de las Directrices de Ordenación Sectorial y la limitación del crecimiento de plazas turísticas, sustrayendo estas competencias al Parlamento. Siendo así la organización nacionalista no se sorprende de que esta normativa, que modifica la vigente ley de ordenación del territorio, haya sido abiertamente rechazada por las corporaciones locales e insulares del Archipiélago, así como por los patronales turísticas, los sindicatos, colegios de arquitectos, ecologistas y por el propio ex presidente de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible, Faustino García Márquez. Deprisa y sin consenso NC advierte asimismo que a pesar de su enorme trascendencia esta ley está siendo elaborada sin el necesario proceso participativo y de consenso que siempre ha acompañado a estos procesos. En este sentido recuerda que el pasado mes de mayo se entregó un borrador a las corporaciones locales e insulares y se les dio un plazo de una semana para presentar alegaciones. Lo que llama la atención es que las propuestas echas por estas instituciones no han sido recogidas y que el texto que pretende aprobarse difiere del que se envió para su estudio. Asimismo señala que la actual ley vigente fue aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento tras un largo debate entre administraciones, sindicatos, colectivos ecologistas, patronales turísticas y ciudadanos particulares. Por tanto insta al Gobierno de Canarias a que retire este proyecto de ley y reinicie su elaboración pues es un asunto de vital importancia para el futuro del Archipiélago.