Diez años de batalla judicial para recuperar dos viviendas

Comprar una vivienda puede convertirse en la peor pesadilla que nos puede ocurrir si los trámites de compra se llevan a cabo mediante prácticas poco habituales. El caso que relata un vecino de la zona sur de la isla podría haber terminado sin culminar sus ilusiones si no fuera por la contundente batalla judicial que emprendió para recuperar su derecho a culminar la compra de dos viviendas en el Parque Residencial Santa Cruz del Romeral, en Castillo del Romeral. Juan Manuel Pérez León, nunca pensó que tras la entrega de dos millones de las antiguas pesetas su lucha con la justicia se iba a prolongar durante diez años, cuando le comunicaron que aquella señal ya no tenía valor por los años transcurridos, donde incluso una de sus dos parcelas intentaron venderlas, paradójicamente, a quien posteriormente fue uno de sus testigos. A Pérez, cuando acudió en un segundo contacto con la entidad para abonar el segundo pago, ésta se los rechazó con la justificación de que, tras cuatro años sin noticias suyas había perdido vigencia la reserva, una cuestión que fue negada por Pérez León que alegó que en repetidas ocasiones se puso en contacto con la inmobiliaria. A partir de ese momento es cuando decide acudir al despacho de abogados que dirige el letrado, Ignacio Castelerio Cullén, con la intención de recuperar las viviendas que había reservado, pendiente del abono de las cantidades pendientes de compra como cualquier otro comprador. La primera acción fue la petición de formalización de transmisión de las viviendas reservadas, una solicitud que fue admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia el pasado 11 de febrero de 2003. La entidad denunciada contestó el 22 de marzo de 2003 que tras más de cuatro años después de entregar la señal "pretende aparecer ahora manteniendo el precio pactado", cuya cantidad tiene la consideración de arras y no tiene la posibilidad de exigir el cumplimiento del contrato. El juzgado examinó la cuestión controvertida y comprobó que existe un contrato, las condiciones del mismo y las realizadas para, posteriormente, en segundo lugar analizar si como dice la entidad demandada la señal entregada no tiene carácter penitencial, cuestión que quedó demostrada que no era así porque no se acordó de manera expresa. En el procedimiento quedó acreditado que la entrega a cuenta se realizó con dos millones de las antiguas pesetas, añadiendo luego 316.418 y 290.142 pesetas de más. Tras la comunicación recibida de la demandada tuvo carácter confirmatorio del precio global que pactaron las partes de 133.719,18 euros y 131.044,68 euros respectivamente para cada vivienda. Dice el tribunal de primera instancia que el demandante nunca se despreocupó de sus viviendas porque solicitó una certificación del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana relativa al estado de la tramitación de la licencia de obras el pasado 30 de noviembre de 2000, así cono los burofaxes remitidos durante septiembre y noviembre de 2002, requiriendo el cumplimiento del contrato. Además, dos testigos manifestaron que el comprador acudió a preguntar varias veces por el estado de las obras a las oficinas, e incluso una de las parcelas a la venta fue ofrecida a al segundo testigo. Por esto motivos, la Inmobiliaria Mosntecastillo fue condenada a aceptar el pago de las restantes cantidades que faltaron para completar la totalidad de las dos viviendas, conforme al ritmo que se vayan ejecutando y formalizar la correspondiente escritura de compraventa, según la sentencia de julio de 2003. Esta sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 7 de San Bartolomé de Tirajana fue recurrida pero la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en octubre de 2004, desestima la apelación y confirma la sentencia en todos sus términos, condenando a la parte apelante al pago de las costas procesales, una vez identificados los elementos o circunstancias del contrato de compra venta. Sin embargo, Montecastillo decidió recurrir en casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en diciembre de 2004, contra la sentencia de la Audiencia de Las Palmas. En este caso, nuevamente se encuentra con otra sentencia desfavorable, una vez que el alto tribunal rechazó el recurso, lo declara inadmisible y dicta sentencia firme que sienta jurisprudencia. El denunciante ha ofrecido esta sentencia junto con sus servicios jurídicos a aquellas personas que se encuentren en una situación similar, no sin antes afirmar que "la justicia es lenta pero efectiva". Otros casos Los problemas con las inmobiliarias no son nada nuevo, recientemente unos 350 canarios están afectados entre Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura por el entramado económico de la inmobiliaria Lifer, que cobró cerca de dos millones de euros en concepto de reserva para la adquisición de una vivienda y ahora se desentiende de su devolución. Desde la empresa, se afirma que "todo es un error" y que "se está solucionando". Lifer Promociones Inmobiliarias, una de las firmas de compra venta de inmuebles más destacadas de Canarias, ha dejado tirados a unos 350 isleños, que depositaron en concepto de reserva o arras para comprar su vivienda cantidades de dinero que oscilan entre los 3.000 y los 6.000 euros -en algún caso incluso más- y que ahora la empresa no les devuelve. Fuentes cercanas indican que, aunque el caso ha saltado ahora y afecta sobre todo a clientes que hicieron la reserva de sus viviendas en los últimos meses, hay casos que se remontan a hace año y medio, informó Canarias 7. De ahí que estas fuentes aseguren que los problemas de Lifer no están tan vinculados con la difícil coyuntura que afecta al sector inmobiliario como con las "malas prácticas" de esta empresa. Los propios trabajadores son víctimas de este "mal hacer" de Lifer. La práctica totalidad de la plantilla tiene problemas para el cobro de los finiquitos y a algunos de los ex trabajadores, en proceso de juicio, se les adeuda ocho meses de salarios. Al parecer y según indican estas fuentes, el problema con Lifer surge cuando los clientes que habían dado su reserva para un piso se encuentran con que no pueden seguir adelante con la compra, bien porque la construcción de la promoción se ha parado -por la crisis económica- o bien, porque el banco no les da el crédito. Una situación muy habitual en los últimos meses como consecuencia del endurecimiento de las condiciones crediticias de los bancos, faltos de liquidez. En esta coyuntura, los potenciales compradores solicitan a Lifer la devolución de la reserva entregada. La inmobiliaria, que según estas fuentes, no dispone del dinero, entrega a los clientes pagarés a cobrar en 60, 90 y 120 días. La sorpresa viene, sin embargo, cuando los potenciales compradores comprueban que Lifer no tiene fondos y que no recuperan su reserva. La Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (ACEGI) emitió esta semana un comunicado en el que además de lamentar la situación de los afectados por Lifer quiere dejar claro que se trata de "un hecho aislado". Asimismo quiere dejar constancia de que la totalidad de las inmobiliarias canarias trabajan con garantía y respeto a la ley.