El PSOE dice que la ley de Medidas Urgentes quita competencias locales y acudirá TC

El secretario de Política Autonómica del PSC-PSOE, Santiago Pérez, dijo que en el proyecto de ley de Medias Urgentes en materia de Ordenación Territorial, el Gobierno canario "succiona" competencias a las corporaciones locales, por lo que su partido no descarta acudir al Tribunal Constitucional. Pérez señaló en rueda de prensa que en este proyecto de ley, que el Gobierno canario quiere que se tramite en el Parlamento regional por la vía de urgencia, las competencias insulares y locales en materia de ordenación del territorio quedan "notablemente debilitadas", y subrayó que el hilo conductor de esa iniciativa es su carácter centralizador. El también diputado regional del PSC recordó que su grupo presentará al texto del Gobierno una enmienda a la totalidad en la se solicitará la devolución de la iniciativa, y enmiendas parciales, y en el caso de que el proyecto de ley se apruebe en sus actuales términos las corporaciones gobernadas por el PSOE acudirán al Constitucional en defensa de la autonomía local. Santiago Pérez indicó que su partido comparte la necesidad de perfeccionar el ordenamiento urbanístico y promover su simplificación, pero desde el propio sistema y no rompiendo su unidad y el consenso que ha existido hasta ahora en la legislación medioambiental y territorial. Indicó que en el informe del director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el cambio climático, Faustino García, se pone de manifiesto que el proyecto de ley rompe con los principios fundamentales de la actual legislación territorial que, precisó, "no surgió de una ventolera sino de una elaboración presidida del consenso". Santiago Pérez consideró que también se rompe el principio de la unidad en el sistema de planeamiento al inventarse el Gobierno instrumentos indefinidos que se convierten otros instrumentos ya consolidados en meros actos administrativos que legitiman actuaciones sobre el suelo. Estos elementos indefinidos no refuerzan la seguridad jurídica y aumentan, agregó Pérez, la posibilidad de que tomen decisiones de forma discrecional. Además advirtió de que este proyecto de ley deroga la moratoria turística desde varios flancos, y uno de ellos se produce cuando se introduce la posibilidad de autorizar hoteles de cinco estrellas con el único requisito de que impartan formación, sin exigir que el establecimiento tenga una cualificación determinada. Santiago Pérez señaló que la iniciativa del Gobierno canario supone la continuidad de competencias en manos del Ejecutivo a costa del debilitamiento de las corporaciones locales y para ello, dijo, sirve cualquier excusa como que no se ha cumplido el mandado de adaptar los planeamientos o que tiene un carácter estratégico. El dirigente socialista indicó que el Gobierna de Canarias sanciona a las corporaciones locales pero cuando el Ejecutivo incumple los plazos pide que se simplifiquen los procedimientos. "El Gobierno se atreve a romper con los consensos para romper el propio sistema" dijo Pérez, quién destacó que en todas estas reflexiones coincide la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible. Santiago Pérez señaló que los equilibrios en la distribución competencial reflejan los institucionales que se han labrado con el tiempo y que responden al modelo de cada isla. Como ejemplo del debilitamiento de las competencias el diputado socialista recordó que el proyecto de ley prevé que cuando un ayuntamiento no ha realizado la adaptación de su planeamiento el Gobierno puede realizar una ordenación provisional y pormenorizada de todas sus infraestructuras, sino que pueda ser modificada por la corporación. Se trata, agregó Santiago Pérez, de un despojo de competencias y se mostró partidario de potenciar los planes insulares de ordenación del territorio y de que se aprueben las directrices sectoriales. En su opinión, el actual gobierno de CC y PP piensa que va a estar toda la vida en el poder y por ello intenta succionar competencias a los ayuntamientos y los cabildos que están gobernados por otros partidos. Vinculó este asunto con el "embargo" de los fondos del REF a los ayuntamientos y cabildos y señaló que el Gobierno de Canarias no tiene capacidad para hacerlo, ya que se trata de recursos de las corporaciones.