A pesar de que el aparcamiento público del Anexo II es explotado por el nuevo adjudicatario, los pleitos que se generaron por el retraso de la contratación continúan contra el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el anterior explotador.
En este caso, ha sido el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria quien a petición de la parte demandante, Perfaler Canarias, ha solicitado al Consistorio como demandado (en un caso donde el empresario Eugenio Hernández León, anterior adjudicatario, es codemandado), varios documentos relacionados con su actuación.
Entre la documentación requerida se encuentra las copias del informe jurídico redactado y firmado el pasado día 24 de abril de 2007 por el letrado funcionario del servicio jurídico municipal y la propuesta de decreto que dicho funcionario entregó el mismo día personalmente, a la alcaldesa en aquel entonces, Concepción Narváez.
Mediante esta documentación el juzgado pretende continuar con la investigación abierta relacionada con los trámites de la adjudicación del concurso de arrendamiento del aparcamiento de vehículos en la urbanización Anexo II de Playa del Inglés y cese en la explotación y desalojo de las instalaciones por los actuales titulares interinos de la contrata, así como la reanudación e impulsión del expediente licitatorio y ejecución del nuevo contrato de arrendamiento adjudicado a la entidad mercantil Perfaler Canarias.
El tribunal ha pedido una certificación del secretario municipal sobre los motivos que llevó a Narváez a no firmar el decreto fechado el pasado día 21 de diciembre de 2005, que le fue remitido por el letrado del área de Contratación para recuperar las instalaciones.
Además, pide las causas por las que no se llevó a efecto la continuación en el procedimiento de la adjudicación del concurso a Perfaler Canarias, una vez fue dictada y notificada por el Tribunal Supremo la sentencia del 15 de marzo de 2005.
A la exalcaldesa se le piden los motivos por los que esperó hasta el 30 de enero de 2006 para suspender los efectos de la adjudicación, teniendo en cuenta que la media de suspensión fue levantada por sentencia dictada por el Tribunal Supremo.
Pregunta, además, si las competencias en el área de Contratación estaban delegadas en ese período en el concejal, José Juan Santana, y en el supuesto de que así fuese, indique las razones por las que Narváez intervino directamente decretando la suspensión de la ejecución de la adjudicación del contrato de arrendamiento del aparcamiento a la entidad Perfaler Canarias.
Desde la parte demandante se demandan los motivos por los que no se tramitó la propuesta del decreto redactado por el letrado funcionario del área de Contratación que le fue entregado el 21 de diciembre de 2005 y haciendo caso omiso a dicha propuesta, se decide pedir un informe a la Junta Consultiva de Contratación Administrativo del Gobierno de Canarias.
Por su parte, la exalcaldesa y actual concejal de Turismo y Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, aclaró en declaraciones a Maspalomas Ahora que el pleito que mantienen ambas entidades aún no ha acabado, motivo por el que se producen este tipo de requerimientos judiciales.
En este sentido, explicó que desde hace meses ha aportado toda la documentación solicitada, así como las explicaciones necesarias sobre su actuación durante su mandato relacionadas con este asunto del que espera se aclaren todos los hechos.
El pasado 30 de octubre de 2007, la entidad Perfaler Canarias tomó posesión de las instalaciones del aparcamiento del centro comercial Anexo de Playa del Inglés, después de que la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, María del Pino Torres, y el gerente de la empresa, Armando Fuentes Falero, escenificaran la firma de la concesión administrativa que permitirá a la Perfaler Canarias explotar el aparcamiento.
La alcaldesa del municipio señaló que después de siete años se ha reestablecido la normalidad y la legalidad, y destacó la importancia de que el municipio recupere unos ingresos que se estaban perdiendo porque los antiguos arrendatarios pagaban una cantidad ridícula que no se había actualizado.
Por su parte, el gerente de la empresa agradeció a Torres que haya ejecutado la sentencia que ordenaba el desalojo del aparcamiento por parte del anterior concesionario, que se venía retrasando hace años.
Tras siete años de litigio con el anterior concesionario, Herederos de Agapito Hernández Pérez, fue el pasado 25 de septiembre cuando la alcaldesa, asumió la responsabilidad de ordenar el desalojo y poner fin a una situación que se dilataba en el tiempo.
El aparcamiento, que cuenta con 1.050 plazas, pasará a ser explotado por la entidad Perfaler Canarias.
El contrato recoge que la empresa adjudicataria aportará un canon al Ayuntamiento de 168.748,72 euros al año. Las tarifas que se han fijado contemplan que la entrada al aparcamiento cueste 0,30 euros y que el coste por minuto sea de 3 céntimos de euros. El contrato tiene una vigencia de cinco años.
En este caso, ha sido el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria quien a petición de la parte demandante, Perfaler Canarias, ha solicitado al Consistorio como demandado (en un caso donde el empresario Eugenio Hernández León, anterior adjudicatario, es codemandado), varios documentos relacionados con su actuación.
Entre la documentación requerida se encuentra las copias del informe jurídico redactado y firmado el pasado día 24 de abril de 2007 por el letrado funcionario del servicio jurídico municipal y la propuesta de decreto que dicho funcionario entregó el mismo día personalmente, a la alcaldesa en aquel entonces, Concepción Narváez.
Mediante esta documentación el juzgado pretende continuar con la investigación abierta relacionada con los trámites de la adjudicación del concurso de arrendamiento del aparcamiento de vehículos en la urbanización Anexo II de Playa del Inglés y cese en la explotación y desalojo de las instalaciones por los actuales titulares interinos de la contrata, así como la reanudación e impulsión del expediente licitatorio y ejecución del nuevo contrato de arrendamiento adjudicado a la entidad mercantil Perfaler Canarias.
El tribunal ha pedido una certificación del secretario municipal sobre los motivos que llevó a Narváez a no firmar el decreto fechado el pasado día 21 de diciembre de 2005, que le fue remitido por el letrado del área de Contratación para recuperar las instalaciones.
Además, pide las causas por las que no se llevó a efecto la continuación en el procedimiento de la adjudicación del concurso a Perfaler Canarias, una vez fue dictada y notificada por el Tribunal Supremo la sentencia del 15 de marzo de 2005.
A la exalcaldesa se le piden los motivos por los que esperó hasta el 30 de enero de 2006 para suspender los efectos de la adjudicación, teniendo en cuenta que la media de suspensión fue levantada por sentencia dictada por el Tribunal Supremo.
Pregunta, además, si las competencias en el área de Contratación estaban delegadas en ese período en el concejal, José Juan Santana, y en el supuesto de que así fuese, indique las razones por las que Narváez intervino directamente decretando la suspensión de la ejecución de la adjudicación del contrato de arrendamiento del aparcamiento a la entidad Perfaler Canarias.
Desde la parte demandante se demandan los motivos por los que no se tramitó la propuesta del decreto redactado por el letrado funcionario del área de Contratación que le fue entregado el 21 de diciembre de 2005 y haciendo caso omiso a dicha propuesta, se decide pedir un informe a la Junta Consultiva de Contratación Administrativo del Gobierno de Canarias.
Por su parte, la exalcaldesa y actual concejal de Turismo y Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, aclaró en declaraciones a Maspalomas Ahora que el pleito que mantienen ambas entidades aún no ha acabado, motivo por el que se producen este tipo de requerimientos judiciales.
En este sentido, explicó que desde hace meses ha aportado toda la documentación solicitada, así como las explicaciones necesarias sobre su actuación durante su mandato relacionadas con este asunto del que espera se aclaren todos los hechos.
El pasado 30 de octubre de 2007, la entidad Perfaler Canarias tomó posesión de las instalaciones del aparcamiento del centro comercial Anexo de Playa del Inglés, después de que la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, María del Pino Torres, y el gerente de la empresa, Armando Fuentes Falero, escenificaran la firma de la concesión administrativa que permitirá a la Perfaler Canarias explotar el aparcamiento.
La alcaldesa del municipio señaló que después de siete años se ha reestablecido la normalidad y la legalidad, y destacó la importancia de que el municipio recupere unos ingresos que se estaban perdiendo porque los antiguos arrendatarios pagaban una cantidad ridícula que no se había actualizado.
Por su parte, el gerente de la empresa agradeció a Torres que haya ejecutado la sentencia que ordenaba el desalojo del aparcamiento por parte del anterior concesionario, que se venía retrasando hace años.
Tras siete años de litigio con el anterior concesionario, Herederos de Agapito Hernández Pérez, fue el pasado 25 de septiembre cuando la alcaldesa, asumió la responsabilidad de ordenar el desalojo y poner fin a una situación que se dilataba en el tiempo.
El aparcamiento, que cuenta con 1.050 plazas, pasará a ser explotado por la entidad Perfaler Canarias.
El contrato recoge que la empresa adjudicataria aportará un canon al Ayuntamiento de 168.748,72 euros al año. Las tarifas que se han fijado contemplan que la entrada al aparcamiento cueste 0,30 euros y que el coste por minuto sea de 3 céntimos de euros. El contrato tiene una vigencia de cinco años.
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