Los vecinos informan a los touroperadores sobre "la otra cara de Maspalomas"
El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, denunció hoy la "grave situación penitenciaria" del archipiélago por la "saturación absoluta" que están sufriendo algunas prisiones canarias "desde hace tiempo".
No obstante, en su discurso en el acto de apertura del año judicial en Canarias, el fiscal jefe expresó su esperanza de que con la construcción prevista de nuevos centros "por fin estemos viendo, al menos en parte, la luz al final del túnel".
Tras referirse al "aparente desbloqueo" para la instalación de nuevas cárceles en Gran Canaria y Fuerteventura, y a la reciente ampliación del centro de Lanzarote, el fiscal expuso "la saturación absoluta de población reclusa que están soportando desde hace tiempo los centros penitenciarios de Salto del Negro (Gran Canaria), Tahíche (Lanzarote) y Tenerife II".
Estos centros, asegura, duplican "en número" la capacidad inicialmente prevista de internos, "lo que hace difícil la consecución de los objetivos previstos en la Ley Orgánica General Penitenciaria", de rehabilitación del condenado.
El fiscal superior de Canarias también aludió a la "consecuencia perniciosa" de esta falta de plazas penitenciarias que implica "la lamentable situación" del "traslado masivo" de penados, "nacidos" o "arraigados" en Canarias, a otros centros penitenciarios de la Península.
"Como Fiscales, -afirmó- debemos señalar que esta situación nos preocupa profundamente, porque nuestro trabajo no sirve de nada si finalmente no se consiguen los fines constitucionales de rehabilitación y reinserción social en centros adecuados".
Y tampoco valdrá de nada, dijo, la labor de los funcionarios de prisiones.
Por ello, Vicente Garrido hizo un llamamiento "a la sociedad en general", y a las de las localidades afectadas por la construcción de los nuevas cárceles como la de Juan Grande, al sur de Gran Canaria, "para que entiendan que éste es un asunto, básicamente, de solidaridad".
Pero también lanzó un mensaje para las administraciones públicas implicadas, a fin de que "puedan superar las dificultades administrativas o normativas que, en su caso, se puedan plantear", y resolver "este problema en el plazo más breve posible".








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