La Ley de Costas y los derribos

Me parece muy bien que se intente cumplir la Ley en un país donde existen muchas pero que casi nadie cumple. Lo que no me parece tan bien es el espectáculo que se montó el pasado martes con motivo del derribo de unas casas del poblado de Cho Vito, en el municipio tinerfeño de Candelaria. Espectáculo que, además fue aprovechado demagógicamente  por la televisión autonómica para darle más realce, desprestigiar al Gobierno central y recibir los aplausos de sus seguidores. Hay que dejar bien claro que ha existido, desde hace mucho tiempo, la mala costumbre de invadir y ocupar terrenos que son de dominio público en las costas canarias, o en cualquier otro lugar, incluso en parajes naturales. Esto es lamentable porque supone una falta de respeto al patrimonio natural de nuestra tierra. La costumbre ha sido alentada a veces por alcaldes, concejales, o autoridades irresponsables que han permitido tal práctica. Ahora, con la llamada Ley de Costas, se quiere poner remedio a un problema que se pudo haber evitado si se hubiese actuado en tiempo y forma. Tácitamente se le ha dado título de propiedad a quienes así han actuado y ahora quieren compensaciones. Por tanto, van a pagar justos por pecadores. Hay gente que tiene sus casas de la costa como segunda vivienda. O sea no son imprescindibles, pero también existen personas que la tienen como única vivienda y se han sacrificado para mejorarlas y hacerlas habitables. Se recela sobre este afán de desalojar y derribar viviendas  porque detrás puede estar alguna operación especulativa, aunque en el caso de Cho Vito parece que lo que se piensa hacer allí es una paseo marítimo. Después de muchos meses de recursos y protestas y de tratar de salvar el poblado de Cho Vito, ¿porqué no han actuado el ayuntamiento de Candelaria, el cabildo de Tenerife o el gobierno de Canarias, para resolver el problema de vivienda de los que no poseen ninguna, si sabían que al final iban a ser derruidas? Además, ¿Dónde ha estado en este asunto el PSOE, y especialmente López Aguilar, que parecía que se iba a convertir en el Robin Hood de los canarios más vulnerables y humildes? Ya sé que me dirá que se tiene que hacer cumplir la Ley, con lo que estoy de acuerdo, pero esos seres humanos tenían un problema de vivienda y nadie se lo ha resuelto. Me refiero a los que ya vivían allí por varias generaciones y realmente era su único domicilio, aún antes de aparecer esa Ley de Costas. Ahora bien, me pareció desproporcionada el despliegue y la actuación que se cebó en una pobre gente, con un tremendo aparato policial, con helicóptero incluido, cámaras, prensa, etc. mientras todos sabemos que existen en otras costas hoteles y apartamentos que también son ilegales y que nadie se atreve a derribar. Con los poderosos nadie se atreve, o se buscan arreglos y componendas. Pero lo peor es que sea el propio gobierno de Canarias quien pida la legalización de hoteles que son ilegales, de la misma forma que hay presidentes de cabildos que piden que se legalicen las casas ilegales que tiene su isla. Ahí están los hoteles de Lanzarote, construidos ilegalmente, y a los que muchos quieren salvar, o los de la playa de Corralejos, a los que les permite permanecer donde están porque hubo un arreglo con los propietarios de la isla de Lobos a los que a cambio, se les concedieron terrenos en la playa del parque  natural de las Dunas de Corralejo. Ya se los podían haber ofrecido en otros lugares no protegidos. El edificio de La Tortuga, en Melenara, es otro de los que están amenazados de derribo, después de muchos años de lucha de sus propietarios para impedirlo. También quieren derribar las cosas que se encuentran en el Poris de Tijarafe en La Palma. En Gran Canaria se produjo ya una vez el derribo de la estructura de un hotel que se estaba construyendo en las Dunas de Maspalomas, y que el empresario alemán Teo Gerlach había comprado. A cambio, claro, recibió en compensación unos terrenos en Pasito Blanco. Negocio completo. Pero si la Demarcación de Costas continúa con su política de derribos discriminados, es posible que muchas de las personas que hoy viven a menos de 100 metros del mar, se vean también amenazados de desalojo, previo expediente. Es una espada de Damocles que pende sobre muchos ciudadanos canarios en estos momentos.