Falta de respeto e irresponsabilidad

Algunas de las acciones que emprendió la ínclita alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria en la legislatura anterior, le están costando caro a los ciudadanos, hecho mucho más perceptible en épocas de crisis. Compensaciones, sanciones, indemnizaciones millonarias, costear sentencias, pleitos, etc. a costa del erario público No estamos en tiempos de botar el dinero. Ahí tenemos los ejemplos de los arquitectos estrellas (que aquí más bien se estrellaron) que el ayuntamiento tuvo que pagar para que expusieran sus ideas sobre la Gran Marina; o el trueque de los terrenos privados del Confital por un solar frente al Centro Comercial Las Arenas y esa ristra de  sentencias desfavorables al consistorio, que también han costado lo suyo. Como consecuencia de todos estos tejemanejes el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha ido descapitalizando y sus finanzas se hallan en apuros actualmente. La herencia luzardiana no ha sido generosa, precisamente, y encima, de propina, dejó pendiente el conflicto de las Guaguas Municipales y los malos olores que se respiran en la ciudad. Parafraseando el tópico de Dinamarca, podría decir: ¡Algo huele a podrido en Las Palmas de Gran Canaria!. Real y metafóricamente hablando. Hay un tufo de política intrascendente plagada de omisiones. No se trata de descalificar. Es lo que se percibe en la calle. Ahora bien, creo que debe haber alguna ley que, de alguna forma, haga responsables a todos los políticos de las malas decisiones que  tomen (e incluso de las omisiones)  y que cuesten dinero al pueblo. O sea, que sean ellos quienes paguen de su bolsillo o patrimonio, sus propios errores. Verían que pensarían mejor la forma de  utilizar esos fondos. El disparar con "pólvora ajena" es un hábito muy difundido entre la clase política, en general. Al mismo tiempo creo que es una falta de respeto a los ciudadanos, les hayan votado o no. Se gastan alegremente el dinero público en ostentaciones, en mejorar su  imagen, en televisiones y emisoras de radio que hacen el papel de "la voz de su amo", excluyendo a todos los demás; en la compra de nuevos y costosos autos; en diseñar los uniformes de una policía autonómica que no existe sino en la imaginación del consejero José Miguel Ruano y del presidente Paulino  Rivero; en destinar mucha plata para actividades culturales,  sólo para elites, ya que no se ha educado a la gente para asistir a esas actividades, y encontramos allí a los mismos de siempre, etc. etc. Alegan para justificar la existencia de este cuerpo policial canario que en Canarias ha aumentado la delincuencia. Yo estoy de acuerdo: ha aumentado la delincuencia, pero sólo la de alto nivel, la de cuello y corbata. La otra, la del choriceo cotidiano,  es de pura supervivencia en una región donde es cada vez más difícil vivir y disfrutar del llamado "estado de bienestar". No acabamos de entender tampoco, que se haya permitido construir las llamadas Torres del Canódromo cuando ha habido nada menos que dos sentencias que hablan de la ilegalidad de esas obras. ¿Por qué ocurre  esto en Gran Canaria? ¿Es que habrá de nuevo permisividad  ante los hechos consumados?. ¿Se derribará lo construido?  Y en ese caso, ¿habrá que compensar a la empresa constructora? ¿Será el ayuntamiento, es decir el pueblo, quien tenga que pagar estos dislates? Esperemos los acontecimientos. Cualquier cosa puede suceder en Canarias. Al finalizar este artículo me llega una noticia esperanzadora. Parece que la Fiscalía Anticorrupción de Canarias está dando a entender que es posible que las acciones un tanto extrañas que cometen determinados políticos de esta tierra sean tomadas en cuenta y no queden en la impunidad. Ahora empieza una fase de investigaciones y se dilucidará si ha habido delitos o no. Es a los jueces a quienes corresponde decidirlo. Si hemos entrado en una nueva era en la que se va a acabar "l, ancíen regime", donde el cohecho, el tráfico de influencias, la prevaricación, el porcentaje, etc. son términos bien conocidos, para dar paso a una auténtica democracia y a una política transparente, bienvenida sea. Los ciudadanos  necesitan percibir que la Justicia actúa seriamente y que es igual para todos.