Narváez podría haber incurrido en falsificación de documento público

MASPALOMAS AHORA.- La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, habría podido firmar certificaciones de acuerdos que según las actas nunca fueron tomadas en Comisión de Gobierno (Junta de Gobierno). El hecho, en caso de ser cierto, revestiría bastante gravedad debido principalmente a que una de estas certificaciones fue presentada en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, lo que podría constituir, presuntamente, falsificación de documento publico. Estos escritos corresponden a dos certificaciones de la Comisión de Gobierno que están incorporados al pleito que mantiene el Ayuntamiento de Santa Brígida con el actual secretario del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, lo que quiere decir que podrían haberse aportado como prueba en una causa judicial. La Comisión de Gobierno del pasado 31 de agosto de 2006 según reza en el documento judicial enviado al Juzgado Central de Madrid dice textualmente que "en relación con el recurso contencioso administrativo interpuesto" por el secretario municipal "contra la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto a su vez, contra resolución sancionadora del MAP, pongo en conocimiento de ese juzgado que la Junta de Gobierno de éste Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de agosto de 2006 adoptó el acuerdo de NO personarse (no comparecer) en el citado recurso y, por lo tanto, no ser parte den dicho procedimiento". Sin embargo, ese acuerdo al que hace referencia la regidora municipal en el escrito remitido al órgano judicial no se tomó en agosto, sino a finales de septiembre y no se trata de un error material, puesto que el registro de salida del documento y la firma de la alcaldesa son de fecha cierta. Es posible que, lo que ocurriera es que se redactó la certificación y la enviaron a espaldas de los concejales de la Comisión de Gobierno y sólo cuando se vieron descubiertos por una coincidencia, con el ánimo de salvar la presunta irregularidad llevaron a una Comisión de Gobierno posterior, celebrada en el mes de septiembre el citado acuerdo que si se aprobó esta vez. En esta acción no se tuvo en cuenta que ya habían remitido al juzgado el oficio de las certificaciones lo que se puede interpretar como presunta falsedad en documento público, a pesar de la aprobación posterior, de la cual no tiene constancia el Juzgado. De esta actitud se deduce que la alcaldesa intentó beneficiar al secretario municipal, que además actuó como secretario en la citadas comisiones de Gobierno, con una decisión en la que no eran partícipes sus compañeros concejales del Grupo de Gobierno.