Además de esta actuación, el Grupo Parlamentario socialista dirigirá un escrito a la mesa y a la comisión de reglamento con el objetivo de que las personas que declaren ante una comisión de investigación en el Parlamento, que tienen la obligación de decir la verdad, se encuentren amparados para que sus declaraciones no puedan ser utilizadas para formular querellas o atentar contra la obligación que tiene cada persona de manifestarse con la verdad.
El PSC-PSOE por medio de sus diputados regionales Gloria Gutiérrez y Santiago Pérez, ofreció este lunes una rueda de prensa para valorar el resultado de la sentencia que absuelve a Francisco Cabrera, denunciante del Caso Eólico, de la demanda interpuesta por el Vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, quien pedía dos años de prisión y una indemnización de 750.000 euros al considerar que en dichas declaraciones se habían producido injurias y calumnias en la comisión de investigación de dicha trama y condena a su vez a pagar las costas del proceso al líder del Partido Popular en Canarias al entender la magistrada que no tiene fundamento dicha demanda.
Según Gutiérrez, las declaraciones de Francisco Cabrera en la comisión de investigación del Caso Eólico coinciden en gran parte con el voto particular que en su día propuso el Grupo Parlamentario socialista a las conclusiones de esta comisión, siendo lo más destacable que en la fecha en que se produjo la trama, José Manuel Soria era presidente del Cabildo de Gran Canaria, su hermano, Luis Soria, era el consejero de Industria del Gobierno de Canarias, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas era José Manuel Arnáiz, también del PP.
Para la diputada socialista, para entender la cuantía económica de la comisión eólica y del caso concreto que declaró Francisco Cabrera sería necesario aclarar la rentabilidad que tendría el parque eólico al que aspiraban los hermanos Esquível, 190.000 euros netos para 40 megavatios. Por tanto los beneficios anuales ascendían a más de 7 meuros.
El PSC entiende que ante la sentencia que da la razón a los hechos denunciados por Francisco Cabrera y ante el voto particular que su partido realizara, los hechos investigados por la comisión pueden constituir delitos de tráfico de influencias y cohecho por parte del actual Vicepresidente del Gobierno de Canarias, por lo que van a remitir dicha sentencia a la fiscalía, junto con el voto particular, para que estudie si existen indicios de estos delitos.
Además de esta actuación, el Grupo Parlamentario socialista dirigirá un escrito a la mesa y a la comisión de reglamento a fin de que las personas que declaren ante una comisión de investigación en el Parlamento, que tienen la obligación de decir la verdad, se encuentren amparados para que sus declaraciones no puedan ser utilizadas para formular querellas o atentar contra la obligación que tiene cada persona de manifestarse con la verdad.
Por su parte, Santiago Pérez, afirmó que los acontecimientos que se produjeron durante esta investigación parlamentaria, que se efectuó a finales de la legislatura pasada, fueron verdaderamente bochornosos.
Asegura que durante su larga etapa como parlamentario nunca ha vivido una situación más lamentable, ni situación que contribuya a deteriorar la credibilidad del Parlamento ante la ciudadanía.
Para Pérez, en aquella comisión, la responsabilidad de llevar a cabo el trabajo de estudio y análisis del PSC del caso lo realizó Gloria Gutiérrez, aunque el portavoz formal era él mismo. En aquella comparecencia vivieron una anomalía profunda, que era la presencia ocasional de José Manuel Soria, que no era miembro de la comisión, para tratar de amedrentar a los ciudadanos que comparecían, cumpliendo un deber legal para declarar la verdad, por tanto, incumplir este deber está considerado como delito y así lo ratifica esta sentencia.
Santiago Pérez acusa a José Manuel Soria de querer amedrentar a Francisco Cabrera, y consiguiéndolo, avisar a todos los ciudadanos de Canarias de que cualquiera que se atreva a denunciar las ilegalidades, muchas de ellas delictivas, que lamentablemente han salpicado la actualidad de la política canaria en los últimos tiempos y que prácticamente todas tienen como protagonistas de primera línea a cargos públicos del PP, para que piensen que se pueden ver envueltos en la amenaza de una querella, con la angustia, la incertidumbre y el efecto coactivo, que sobre la libertad de un ciudadano, supone esta amenaza.
Este es el aspecto fundamental desde el punto de vista político que subraya esta sentencia, dijo Santiago Pérea, quien además afirmó que dicha sentencia pone de manifiesto cómo Francisco Cabrera acude al Parlamento cumpliendo un deber legal que lo obliga a declarar la verdad y ante esta situación, Soria amenaza tanto a él, como al resto de los canarios que se atrevan a cumplir con dicho deber.
Foto: Acfi Press.
El PSC-PSOE por medio de sus diputados regionales Gloria Gutiérrez y Santiago Pérez, ofreció este lunes una rueda de prensa para valorar el resultado de la sentencia que absuelve a Francisco Cabrera, denunciante del Caso Eólico, de la demanda interpuesta por el Vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, quien pedía dos años de prisión y una indemnización de 750.000 euros al considerar que en dichas declaraciones se habían producido injurias y calumnias en la comisión de investigación de dicha trama y condena a su vez a pagar las costas del proceso al líder del Partido Popular en Canarias al entender la magistrada que no tiene fundamento dicha demanda.
Según Gutiérrez, las declaraciones de Francisco Cabrera en la comisión de investigación del Caso Eólico coinciden en gran parte con el voto particular que en su día propuso el Grupo Parlamentario socialista a las conclusiones de esta comisión, siendo lo más destacable que en la fecha en que se produjo la trama, José Manuel Soria era presidente del Cabildo de Gran Canaria, su hermano, Luis Soria, era el consejero de Industria del Gobierno de Canarias, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas era José Manuel Arnáiz, también del PP.
Para la diputada socialista, para entender la cuantía económica de la comisión eólica y del caso concreto que declaró Francisco Cabrera sería necesario aclarar la rentabilidad que tendría el parque eólico al que aspiraban los hermanos Esquível, 190.000 euros netos para 40 megavatios. Por tanto los beneficios anuales ascendían a más de 7 meuros.
El PSC entiende que ante la sentencia que da la razón a los hechos denunciados por Francisco Cabrera y ante el voto particular que su partido realizara, los hechos investigados por la comisión pueden constituir delitos de tráfico de influencias y cohecho por parte del actual Vicepresidente del Gobierno de Canarias, por lo que van a remitir dicha sentencia a la fiscalía, junto con el voto particular, para que estudie si existen indicios de estos delitos.
Además de esta actuación, el Grupo Parlamentario socialista dirigirá un escrito a la mesa y a la comisión de reglamento a fin de que las personas que declaren ante una comisión de investigación en el Parlamento, que tienen la obligación de decir la verdad, se encuentren amparados para que sus declaraciones no puedan ser utilizadas para formular querellas o atentar contra la obligación que tiene cada persona de manifestarse con la verdad.
Por su parte, Santiago Pérez, afirmó que los acontecimientos que se produjeron durante esta investigación parlamentaria, que se efectuó a finales de la legislatura pasada, fueron verdaderamente bochornosos.
Asegura que durante su larga etapa como parlamentario nunca ha vivido una situación más lamentable, ni situación que contribuya a deteriorar la credibilidad del Parlamento ante la ciudadanía.
Para Pérez, en aquella comisión, la responsabilidad de llevar a cabo el trabajo de estudio y análisis del PSC del caso lo realizó Gloria Gutiérrez, aunque el portavoz formal era él mismo. En aquella comparecencia vivieron una anomalía profunda, que era la presencia ocasional de José Manuel Soria, que no era miembro de la comisión, para tratar de amedrentar a los ciudadanos que comparecían, cumpliendo un deber legal para declarar la verdad, por tanto, incumplir este deber está considerado como delito y así lo ratifica esta sentencia.
Santiago Pérez acusa a José Manuel Soria de querer amedrentar a Francisco Cabrera, y consiguiéndolo, avisar a todos los ciudadanos de Canarias de que cualquiera que se atreva a denunciar las ilegalidades, muchas de ellas delictivas, que lamentablemente han salpicado la actualidad de la política canaria en los últimos tiempos y que prácticamente todas tienen como protagonistas de primera línea a cargos públicos del PP, para que piensen que se pueden ver envueltos en la amenaza de una querella, con la angustia, la incertidumbre y el efecto coactivo, que sobre la libertad de un ciudadano, supone esta amenaza.
Este es el aspecto fundamental desde el punto de vista político que subraya esta sentencia, dijo Santiago Pérea, quien además afirmó que dicha sentencia pone de manifiesto cómo Francisco Cabrera acude al Parlamento cumpliendo un deber legal que lo obliga a declarar la verdad y ante esta situación, Soria amenaza tanto a él, como al resto de los canarios que se atrevan a cumplir con dicho deber.
Foto: Acfi Press.
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