La asociación denuncia que el Decreto-ley 9/2026 permite a compradores de fincas sepultadas cobrar subvenciones reservadas a los damnificados y deja a cientos de familias sin posibilidad de reconstruir sus viviendas en el nuevo Parque Natural de Cumbre Vieja.
La reconstrucción de La Palma vuelve a enfrentar a las administraciones con los afectados por el volcán Tajogaite. La asociación Tierra Bonita acusa al Gobierno de Canarias de haber convertido las ayudas públicas en un «traje a medida de una minoría» y sostiene que el nuevo Decreto-ley 9/2026 favorece a inversores que no sufrieron las consecuencias de la erupción, mientras cientos de familias siguen sin una salida para recuperar sus hogares y sus medios de vida.
El colectivo ha cargado contra la norma autonómica y contra el balance expuesto en la Comisión Mixta Canarias-Estado, celebrada el jueves 12 de noviembre en La Palma. Aunque reconoce que el Estado ha aportado más de 1.600 millones de euros a la recuperación, cuestiona las cifras del Cabildo insular y critica que el Ejecutivo autonómico centre sus reivindicaciones en reclamar 300 millones al Estado sin resolver, a su juicio, los problemas que aún padecen los damnificados.
Uno de los puntos más controvertidos para Tierra Bonita es la modificación de la legislación agraria que, según denuncia, permite a compradores de explotaciones plataneras sepultadas por la lava acceder a ayudas europeas del POSEI por pérdida de renta y a subvenciones para la reconstrucción. La asociación sostiene que esos inversores, pese a no haber sufrido las pérdidas de la erupción, pueden subrogarse en los derechos a las ayudas que correspondían a los anteriores titulares. «Se está utilizando el dinero público de la reconstrucción para subvencionar a oportunistas que no perdieron nada con el volcán», censura.
La asociación también alerta de la situación de las familias cuyos terrenos quedaron dentro del nuevo Parque Natural de Cumbre Vieja. Según su denuncia, el decreto les impide reconstruir en esas parcelas y deja la compensación económica pendiente de futuras ayudas sin presupuesto, calendario ni procedimiento definido. Tierra Bonita califica esta situación de «expropiación forzosa camuflada» y advierte de que los propietarios permanecen sin una respuesta concreta sobre el futuro de sus terrenos.
Otro de los reproches se dirige a la bonificación del 60 % del IRPF para el conjunto de La Palma. El colectivo considera injusto que la medida se aplique de forma general a toda la isla y reclama que se concentre en los habitantes del Valle de Aridane, la zona más castigada por la erupción, con una deducción del 100 % para quienes perdieron su patrimonio y sus medios de vida.
Una reconstrucción sin consorcio ni participación de los afectados
Tierra Bonita atribuye parte de los problemas actuales a la ausencia de un consorcio único que coordinara a las administraciones, incorporara a representantes de los damnificados y contara con una gerencia profesional. A su juicio, la gestión fragmentada ha dejado la reconstrucción en manos de organismos con escasa coordinación y sin suficiente transparencia sobre el destino de los fondos.
La asociación asegura que ha solicitado información sobre los proyectos públicos de recuperación sin obtener respuesta y cuestiona que el Gobierno autonómico se niegue a facilitar la identidad de los beneficiarios de las ayudas. También denuncia que el Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma, previsto en la Ley 2/2024 como órgano de diálogo y consulta con las entidades representativas de los afectados, no ha sido convocado.
El colectivo considera que las administraciones siguen sin dar a las familias el protagonismo que les corresponde en las decisiones sobre el futuro de la isla. Su crítica alcanza también a la gestión de la emergencia volcánica y a la falta de publicación de las actas de las reuniones científicas y políticas del plan de emergencia, cuya difusión reclama.
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