El Gobierno de Canarias permitirá que las viviendas vacacionales que no completen su regularización administrativa antes del 31 de diciembre de 2027 continúen con la actividad turística durante cinco años adicionales. Así lo recoge el decreto ley aprobado por el Ejecutivo autonómico, que establece los requisitos técnicos que deberán cumplir estos inmuebles para ejercer como actividad clasificada.
La nueva norma fija la documentación que tendrán que presentar los propietarios, entre ella los planos de la vivienda, fotografías del inmueble y los documentos relativos a su primera ocupación. También deberán acreditar la seguridad estructural cuando corresponda y disponer de medidas de protección contra incendios, como detectores de humo, extintores y señalización de evacuación.
El decreto contempla además condiciones específicas para las viviendas con piscina y sus accesos. Estos requisitos se aplicarán tanto a los inmuebles que ya ejercen la actividad como a los que pretendan incorporarse al mercado vacacional mientras no se apruebe la normativa técnica definitiva.
La ampliación del plazo responde a la necesidad de concretar las exigencias técnicas para la regularización de estos alojamientos. Una vez agotado el periodo adicional de cinco años, las viviendas que no hayan cumplido con sus obligaciones deberán abandonar el uso turístico.
La regulación también establece nuevas tareas de inspección para las administraciones locales. Los ayuntamientos dispondrán de dos años para aprobar y poner en marcha sus planes de comprobación y control, que tendrán una duración máxima de cuatro años. Los cabildos insulares también asumirán funciones de inspección.
El decreto introduce asimismo un régimen diferenciado para La Palma, La Gomera y El Hierro. En estas tres islas seguirá teniendo aplicación preferente la Ley 14/2019 de ordenación territorial de la actividad turística de las Islas Verdes, mientras que las determinaciones territoriales y urbanísticas de la Ley 6/2025 no se aplicarán hasta el 13 de diciembre de 2030.
En el caso de La Palma, la norma contempla la reconstrucción de las viviendas vacacionales destruidas por la erupción volcánica de 2021 y la recuperación de su actividad turística. Sus propietarios podrán conservar la signatura y los derechos vinculados a los inmuebles originales, sin tener que cumplir el requisito de antigüedad mínima establecido en la nueva legislación.
El decreto ley, que modifica las leyes autonómicas 6/2025 y 6/2019, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, aunque sus efectos se retrotraen al 13 de diciembre de 2025.
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