Paraguay y la fragilidad de las garantías constitucionales en Hispanoamérica

«La democracia no es la mera garantía del orden, sino la experiencia siempre amenazada de la libertad política y la justicia efectiva».

— Hannah Arendt (Sobre la revolución, 2006, p. 142)

La historia institucional de nuestra Hispanoamérica parece condenada a habitar un eterno retorno de la sospecha y el desencanto. Cuando la ciudadanía asiste a un quiebre del orden social por la voracidad de las élites financieras o por la impericia deliberada de sus gobernantes delincuentes, no se enfrenta únicamente a una coyuntura económica desfavorable, sino que presenciamos, en verdad, el resquebrajamiento ontológico del contrato social. El reciente colapso político en Paraguay, desencadenado por la renuncia forzada de Santiago Peña tras la profunda crisis desatada alrededor de Ueno Bank y la ulterior apertura de un juicio político en el Congreso (Clarín, 2026; TN, 2026a), no representa un episodio aislado ni una anomalía exótica de la región, sino más bien la constatación dolorosa de una tesis devastadora: nuestras democracias americanas continúan sumidas en una infancia precaria en lo que respecta a la efectividad de sus garantías constitucionales más elementales.

¿Hasta qué punto podemos seguir llamando “República” a una estructura institucional que se desmorona en cuanto los intereses de la bancocracia entran en colisión con el bienestar general? Al observar la vertiginosa pérdida de gobernabilidad en Asunción, donde se hace evidente que Peña “no tiene la legitimidad social y tampoco el apoyo político” (Radio UNR, 2026), surge de inmediato el espectro de nuestra crisis argentina del año 2001. Aquel fatídico “corralito” que confiscó los ahorros y las ilusiones de millones de personas expuso la misma verdad desnuda que hoy acorrala a los hermanos paraguayos: la ley suprema, que debería presentarse como un escudo indestructible del ciudadano frente al poder de turno, se revela con extrema facilidad como un artefacto maleable en manos del capital corporativo y del oportunismo partidario.

Para que podamos comprender esta fragilidad no basta con examinar las dinámicas macroeconómicas o el trasfondo de las intrigas parlamentarias. Resulta imprescindible descender a la raíz misma de la filosofía política y del derecho. Thomas Hobbes (2000), en su obra Leviatán, sostenía con claridad implacable la razón primigenia del Estado: “La obligación de los súbditos con respecto al soberano se comprende que dura lo que dura el poder mediante el cual este determinado soberano es capaz de protegerlos” (p. 182). Pues bien, si la estructura estatal traiciona esa función tutelar y permite que el sistema bancario devore el patrimonio individual, la legitimidad de las instituciones no se desgasta, simplemente se extingue. El desarme del andamiaje financiero y el clima de desasosiego en Paraguay no son simples consecuencias de una mala praxis administrativa, sino que implican la ruptura brutal de ese principio de protección y la consiguiente deposición implícita de la soberanía popular en manos del pánico financiero (El Cronista, 2026).

En esta misma línea de indagación sobre las mutaciones del poder estatal, resulta ineludible analizar la profunda desorientación ética en la que sucumbe la institucionalidad posmoderna. En un artículo titulado “Pensando en la estafa del Leviatán” (2022) problematizamos agudamente esta decadencia conceptual al advertir cómo el Leviatán se torna en una suerte de “estafa sin rumbo” cuando finaliza en la desprotección total de quienes le cedieron soberanía. Al quedar paralizado o al actuar en contubernio con intereses oscuros, la mole del Estado deja expedito el camino a “Behemot”, el monstruo de la anomia, el desorden y la guerra civil larvada. Cuando el ciudadano percibe que el edificio legal penaliza la honestidad y recompensa la impostura corporativa —esa atmósfera amarga que retratara Enrique Santos Discépolo en su tango “Cambalache”—, el pacto político se tiñe de un engaño estructural. Da lo mismo ser probo que estafador si la arquitectura estatal consiente la desmesura de los poderosos mientras desampara la existencia de la gente común.

Así, la trágica paradoja de nuestros regímenes democráticos reside en la distancia abismal entre la majestuosa arquitectura formal de nuestras Constituciones Nacionales y la indigencia real de sus prácticas efectivas. En el papel, los derechos fundamentales relucen como imperativos categóricos inviolables; en la praxis, se diluyen ante las exigencias del mercado o la contienda por el botín gubernamental. No estamos ante un simple defecto de gestión, sino frente al triunfo del simulacro. Recordemos que Giorgio Agamben (2004, p. 23) denominó “Estado de excepción” a aquella condición en la que “la suspensión del orden jurídico se presenta como la forma misma del ejercicio de la ley”. Al decretarse medidas extremas para mitigar el pánico bancario o contener el estallido en las calles, la legalidad formal devora la sustancia del derecho, dejando al ciudadano al descubierto, despojado de toda salvaguardia ante el capricho del capital de turno.

Detrás de estas fisuras latentes subyace un fenómeno filosófico-político de una gravedad extrema: la gestación silenciosa de “burbujas” tanto en la praxis del mercado como en el seno mismo de la estructura institucional republicana. Acostumbramos a denominar “burbuja” únicamente a la inflación ficticia de los activos financieros, al desfasaje entre el valor especulado y la realidad concreta de la producción. Sin embargo, existe una patología aún más insidiosa que infecta a la vida democrática: la creación de una burbuja institucional. En ella, la narrativa oficial sobre la solidez de las reglas del juego, el blindaje constitucional y mediático y el pretendido éxito del modelo se infla de manera hiperbólica mientras, en la sombra, la erosión de las garantías fundamentales avanza silenciosamente. Como diría Karl Marx (2008, p. 89) en su célebre análisis sobre el fetichismo en “El capital”: “Lo que aquí adopta para los hombres la forma fantasmagórica de una relación entre cosas es solo la relación social determinada que existe entre los propios hombres”.

En nuestro tiempo, el fetiche no es únicamente la mercancía o la cifra digital en la pantalla bancaria, sino el propio mito de la estabilidad republicana. Se construye una escenografía de solidez institucional donde el Estado opera como un garante del negocio privado y, al igual que en las especulaciones bursátiles más despiadadas, la burbuja política crece alimentada por el autoengaño de las elites y la complicidad corporativa, hasta que el inevitable estallido pone al descubierto el vacío ético sobre el que se sostenía un edificio de papel prensado.

Resulta aterrador reconocer las profundas convergencias, pero también las clarificadoras divergencias, que dibujan el espejo comparativo con el estallido argentino del 2001. Mientras que en aquel diciembre trágico de la Argentina el bloqueo de los depósitos obedeció al ahogo macroeconómico y a la implosión sistémica de un esquema cambiario rígido como la convertibilidad, el caso paraguayo revela el rostro de un colapso inducido por la colusión corporativa y la opacidad institucional. Tal como subraya el economista Víctor Raúl Benítez en un lúcido examen sobre las similitudes y diferencias entre ambos fenómenos, la quiebra del modelo paraguayo —presentado durante años como un paradigma de estabilidad macroeconómica regional— evidencia cómo el mito del éxito mercantil se desmorona cuando se asienta sobre la estafa y la vulneración de la fe pública (Perfil, 2026). En ambas latitudes, sin embargo, el resultado ontológico termina siendo exactamente el mismo: la expropiación violenta de la confianza colectiva y la degradación del individuo a la categoría de mero rehén de un entramado financiero fraudulento.

Esta atmósfera de vacío de poder y movilización social desenfrenada redefine el espacio público en Asunción, replicando la vivencia dramática del “que se vayan todos” argentino de principios de siglo. Como reporta el análisis de TN (2026b), el horizonte paraguayo se ve sacudido por protestas multitudinarias, cacerolazos y una parálisis gubernamental que evidencia cómo la pérdida de control financiero deviene de inmediato en anomia política. No es únicamente el dinero fugado o retenido por los bancos lo que subleva a la muchedumbre, sino la penosa revelación de que el Estado ha vaciado sus despachos de representatividad para convertirse en una cáscara inerte. Cuando las calles se llenan de clamor y el palacio presidencial queda sumido en la orfandad política, la ilusión de la estabilidad formal salta por los aires, dejando al desnudo que el poder sin respaldo popular no es más que coerción desprovista de rumbo.

Recordamos con dolor que en aquel escenario sangriento del 2001, la confiscación de las cuentas no fue solo un desastre monetario, sino una catástrofe ética que destruyó el valor de la palabra pública, para siempre. Hoy, el proceso que devora la presidencia de Peña y las claves de la crisis vinculada a Ueno Bank revelan el mismo patrón de desamparo total (El Cronista, 2026; TN, 2026a; TN, 2026b). La ciudadanía descubre horrorizada que el andamiaje institucional no existe para cuidar el pan de la familia o la dignidad de los trabajadores, sino para ofrecer cobertura de liquidez a un esquema financiero fraudulento. Nos hallamos, así, atrapados en una democracia procedimental desprovista de sustancia vital, una cáscara vacía incapaz de articular promesas mínimas de justicia elemental.

Justamente, esa subordinación sistemática de la política a la voracidad mercantil ahoga de raíz toda posibilidad de construir una verdadera libertad ciudadana. Al respecto, Byung-Chul Han (2014, p. 35) argumenta en su obra titulada “Psicopolítica” que la libertad aparente de la modernidad tardía se disuelve en el consumo y la alienación, en tanto que “hoy nos creemos libres, pero es una ilusión. La libertad se interpreta de un modo puramente económico, como la libertad de elección en el mercado”. Cuando las garantías constitucionales más básicas se reducen a asegurar el libre flujo de capital mientras el ciudadano común pierde la certeza sobre su sustento cotidiano, la libertad democrática queda castrada. En nuestra Hispanoamérica, el pacto constitucional no ha logrado emanciparse de su servidumbre económica; lejos de madurar, la democracia regional continúa gateando en el terreno de las promesas incumplidas. No obstante, frente a la inercia del desencanto y la resignación cívica, la tarea crítica de la filosofía no consiste en contemplar pasivamente la ruina institucional. Frente al repliegue de los justos y la hegemonía de las elites insensibles, urge superar la abulia política para restaurar un sentido ético a la vida comunitaria y arrebatarle el mando a esa mole estatal desencajada.

Con mucho pesar, tenemos que finalizar esta humilde reflexión indicando que nos produce una indignación razonable y profunda constatar que habitamos latitudes donde la ley, el orden y las garantías constitucionales parecen estar construidos con la fragilidad del cartón. Asistir al espectáculo de Constituciones minuciosamente redactadas pero impotentes ante la primera turbulencia financiera nos despierta de la hipnosis del progreso automático. ¿Hasta cuándo debemos soportar que la fe pública sea una moneda de cambio sacrificable en el altar de la impunidad política y bancaria? ¿Qué transformaciones profundas en nuestra conciencia colectiva debemos ejecutar para romper el círculo vicioso de la confiscación, la mentira y el desamparo? ¿Estamos acaso condenados a ser eternamente naciones de celofán, brillantes por fuera pero transparentes en su vacuidad y propensas a rasgarse al menor embate? ¿En qué momento histórico dejaremos de ser repúblicas bananeras para convertirnos en países serios que exijan, respeten y cumplan cabalmente con las cláusulas sagradas de su pacto social?