El consejero del Partido Popular en el Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera, reclama al Gobierno insular que desbloquee la segunda línea de transporte eléctrico entre Las Breñas y el Valle de Aridane, una infraestructura que, según sostiene, ya dispone de proyecto y financiación, pero sigue pendiente de un convenio con Red Eléctrica.
Cabrera considera que el apagón que dejó sin suministro a más de 50.000 abonados durante casi cuatro horas evidencia la vulnerabilidad del sistema eléctrico de la isla y la dependencia de una única conexión hacia el Valle de Aridane.
«No podemos seguir dependiendo de una única línea eléctrica mientras una alternativa fundamental para la seguridad energética de La Palma continúa esperando por un acuerdo», afirma el consejero, que cifra en más de tres años el tiempo transcurrido sin que se haya cerrado el convenio.
Una de las cuestiones que, según Cabrera, puede estar retrasando el acuerdo es la petición de soterrar algunos tramos de una línea que inicialmente estaba diseñada como aérea. El representante popular considera que esta diferencia debe resolverse mediante acuerdos técnicos y económicos entre las administraciones implicadas, sin aplazar más la infraestructura.
El consejero también reclama al presidente insular, Sergio Rodríguez, que explique qué ha impedido hasta ahora la firma del convenio y qué calendario maneja el Cabildo para resolverlo.
Cabrera distingue esta actuación del Corredor Eléctrico del Sur, previsto para mejorar el suministro en Fuencaliente. Aunque considera necesario acelerar su tramitación, recuerda que se encuentra en una fase administrativa menos avanzada. Según señala, su inclusión en la planificación estatal se impulsó durante el anterior mandato insular.
El consejero reconoce que no puede afirmarse que la segunda línea hubiera evitado el reciente apagón, aunque defiende que permitiría mejorar la capacidad de respuesta del sistema eléctrico ante posibles incidencias.
También alude a las medidas de apoyo a la generación eléctrica, como las baterías, cuya aprobación atribuye a las gestiones de la Consejería de Transición Ecológica ante el Gobierno de España. Estas instalaciones cuentan con financiación y contratación previstas por parte del Gobierno de Canarias, según recoge el comunicado del PP.








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