La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha reclamado al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, información detallada sobre los procedimientos judiciales relacionados con la anulación del Plan Insular de Ordenación (PIO) y sus posibles consecuencias para los municipios.
A través de una carta, la regidora cuestiona la estrategia jurídica de la Corporación insular, a la que acusa de prolongar los litigios sin ofrecer alternativas ante los sucesivos pronunciamientos judiciales desfavorables.
La petición llega después de que el Tribunal Supremo inadmitiera uno de los recursos de casación presentados por el Cabildo contra las sentencias que anulan la revisión del PIO, aprobada en diciembre de 2022. Desde el primer fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), dictado el 8 de abril de 2026, se han conocido al menos cuatro resoluciones contrarias a la institución insular.
Según la información publicada hasta ahora, la revisión del planeamiento recibió 21 impugnaciones judiciales, de las que 19 continuaban activas y siete solicitaban expresamente su nulidad.
En este sentido, Bueno critica que los ayuntamientos hayan conocido buena parte de estos procedimientos a través de los medios de comunicación, sin recibir explicaciones oficiales sobre los recursos pendientes ni sus consecuencias.
La alcaldesa considera que la estrategia del Cabildo podría responder a un intento de ganar tiempo y trasladar la gestión del problema al próximo mandato. Asimismo, reprocha que no se haya preparado un plan alternativo durante los más de seis meses transcurridos desde la primera sentencia.
Del mismo modo, la regidora advierte de que esta incertidumbre puede afectar a modificaciones del planeamiento municipal, desarrollos urbanísticos, infraestructuras e inversiones estratégicas. "Lo que Gran Canaria necesita ahora no son más anuncios de recursos ni más ambigüedades. Lo que necesita son explicaciones y soluciones", concluye Bueno.
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