La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha solicitado al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, una reunión urgente con los 21 alcaldes de la isla para aclarar las consecuencias de la anulación judicial de la revisión del Plan Insular de Ordenación (PIO) y conocer las alternativas previstas para garantizar el desarrollo urbanístico municipal.
La petición surge después de que el Tribunal Supremo inadmitiera uno de los recursos de casación presentados por el Cabildo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que el 8 de abril de 2026 declaró nula la revisión del PIO aprobada en diciembre de 2022.
En este sentido, Bueno reclama información sobre el alcance de las resoluciones, los recursos pendientes y las posibles vías de actuación.
«Solicitamos que el presidente del Cabildo de Gran Canaria convoque a todos los alcaldes para que nos diga en qué situación va a quedar el planeamiento de cada uno de los municipios», manifestó.
La regidora cuestionó la estrategia judicial de la corporación insular y aseguró que había advertido de la necesidad de preparar una alternativa desde las primeras sentencias.
Asimismo, criticó la decisión de recurrir al Supremo, que inadmitió uno de los recursos al considerar que la controversia correspondía al Derecho autonómico.
En el caso de Mogán, la alcaldesa advirtió de que esta incertidumbre podría obligar a paralizar modificaciones del planeamiento, limitar el desarrollo de determinados suelos y comprometer la ejecución de infraestructuras municipales.
También señaló posibles repercusiones sobre la concesión de licencias y la aprobación definitiva de proyectos urbanísticos.
«Estamos hablando de un asunto importante, de gran envergadura, y necesitamos que el presidente del Cabildo asuma su responsabilidad y se pronuncie cuanto antes», concluyó Bueno.












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