La Asociación Social Volcán Cumbre Vieja denuncia las diferencias en las condiciones de recuperación de los afectados por la erupción del Tajogaite, debido a los distintos plazos de pago de las compensaciones y a la incertidumbre sobre las propiedades que siguen sujetas a restricciones de uso.
El colectivo sostiene que quienes cobraron más tarde han tenido mayores dificultades para adquirir viviendas y terrenos o recuperar sus actividades económicas, debido al encarecimiento de los precios y a la limitada oferta inmobiliaria y agrícola de la isla.
La asociación reclama que se aclaren los criterios que determinaron el orden de los pagos y que se establezcan soluciones para los propietarios que no puedan recuperar el uso de sus parcelas por restricciones derivadas del riesgo volcánico o por medidas de protección ambiental.
El colectivo recuerda que propuso repartir proporcionalmente cada partida de fondos públicos entre todos los damnificados, de modo que cada familia recibiera una parte de la compensación hasta completar el importe correspondiente, una propuesta que, según afirma, no fue atendida por las autoridades.
También denuncia que siguen pendientes ayudas por fincas, charcas, cuartos de aperos y bodegas, y considera insuficiente el apoyo a los negocios sepultados por la lava para reconstruir sus instalaciones, en comparación con el destinado a actividades afectadas por los gases y otras consecuencias de la erupción.
La asociación cuestiona además las diferencias en el acceso a las fincas y en la construcción de caminos y carreteras sobre las coladas, sin que, a su juicio, se conozcan los criterios que determinaron las prioridades.
La protección ambiental añade incertidumbre para los propietarios. En marzo de 2026, el Gobierno de Canarias sometió a información pública el anteproyecto de ampliación del Parque Natural de Cumbre Vieja, que contempla el cono del Tajogaite, su entorno de fisuras eruptivas y el campo lávico, además de los deltas formados durante la erupción.
En cuanto a la transparencia, el colectivo reclama conocer por qué algunos afectados cobraron antes que otros. La publicación de los nombres de los beneficiarios de las compensaciones por las construcciones perdidas enfrenta al Gobierno de Canarias, que invoca la protección de datos recogida en la Ley de Volcanes, y al Comisionado de Transparencia de Canarias, que ha requerido su difusión. La controversia está judicializada y serán los tribunales los que determinen si procede publicar esas identidades.
La asociación pide también que se convoque el Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma, previsto en la Ley 2/2024 como órgano de diálogo, información y consulta. Según denuncia, este foro nunca se ha reunido, pese a que permitiría trasladar propuestas de los afectados y hacer seguimiento de las inversiones públicas.
Más de cinco años después del inicio de la erupción, el colectivo advierte del desgaste económico, emocional y de salud que provoca la incertidumbre entre los damnificados.
«Actuaciones que creemos injustas por parte de quienes gobiernan nos están sepultando el alma, el amor propio y nuestra salud», concluye la asociación.
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