Las personas que llevan años viviendo en apartamentos de zonas turísticas de Canarias podrían tener una vía para mantener el uso residencial de sus propiedades sin tener que destinarlas a la actividad turística. El Gobierno autonómico trabaja en cambios legales para reconocer estas situaciones, con la colaboración de los ayuntamientos.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, defendió en el Parlamento que la nueva normativa debe tener en cuenta una realidad que se mantiene desde hace décadas en complejos de apartamentos del archipiélago. La propuesta considera que las propiedades con uso residencial consolidado puedan quedar fuera de la explotación turística, siempre que cumplan las condiciones urbanísticas aplicables.
Los ayuntamientos tendrán un papel clave, ya que son los responsables de la ordenación urbanística y deberán comprobar las circunstancias de cada inmueble. De León aludió a una sentencia del 5 de octubre de 2026 que, según explicó, vuelve a poner de relieve la competencia municipal para acreditar estos usos.
«No nos gusta la ley, cambiémosla, es nuestro compromiso», afirmó la consejera, que también avanzó que la futura regulación abordará otras cuestiones, como las viviendas vacacionales situadas en suelo turístico.
La nueva ley unificará la normativa turística vigente y regulará aspectos como la renovación de los establecimientos, la sostenibilidad y los usos del suelo. Su elaboración ha contado con una consulta pública y cinco mesas de trabajo con las dos universidades públicas canarias, que aportaron un total de 705 propuestas.











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