El TSJC reconoce el interés legítimo de Mogán en el procedimiento sobre el puerto de Puerto Rico

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) cuestiona la actuación de Puertos Canarios en la apelación sobre la prórroga de la concesión del Puerto Deportivo de Puerto Rico y reconoce el interés legítimo del Ayuntamiento de Mogán para intervenir en el procedimiento, según informa el Consistorio en una nota de prensa.

De acuerdo con el relato municipal, el organismo autonómico había defendido en primera instancia la legalidad de su decisión de rechazar la ampliación solicitada por Puerto Rico S.A. y se había opuesto a las pretensiones de la empresa. Sin embargo, en la apelación impugnó determinados extremos de la sentencia favorable a su posición.

La comunicación del Ayuntamiento reproduce el reproche de la Sala a esa conducta, que suponía «atacar un pronunciamiento que le es objetivamente favorable y pedir un resultado incompatible con la postura procesal sostenida en la instancia». Los magistrados señalan que correspondía al ente público defender su resolución administrativa y los argumentos mantenidos durante la tramitación del expediente.

Asimismo, el tribunal subraya la exigencia de coherencia de la Administración con sus actos y planteamientos procesales, una obligación que considera incumplida por Puertos Canarios en esta alzada. En uno de los pasajes citados por el Consistorio, la Sala califica el asunto de «insólita cuestión».

La resolución también avala la participación del Ayuntamiento frente a los argumentos que cuestionaban su intervención. Según la nota, el TSJC reconoce el interés legítimo municipal por las consecuencias que la decisión tiene para el futuro de una infraestructura estratégica situada en su término. El Gobierno local interpreta este pronunciamiento como un respaldo a su postura de que no puede quedar al margen del expediente.

La alcaldesa, Onalia Bueno, considera difícil de justificar que una entidad pública obtenga un fallo favorable y cuestione parte de su contenido en la apelación. Además, afirma que desconoce un precedente similar y sostiene que estas contradicciones confirman las dudas expresadas por el Ayuntamiento sobre el procedimiento. A su juicio, Puertos Canarios pretendía conceder la prórroga a Puerto Rico S.A., una intención que la regidora atribuye al organismo.

Bueno entiende que el comportamiento descrito resulta incompatible con la función de una administración pública y destaca que el reproche procede del propio tribunal. Esta circunstancia, junto con otros hechos relacionados tanto con este expediente como con la prórroga de la concesión del Puerto de Mogán, la ha llevado a solicitar el cese del director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno Gil, y del secretario del Consejo de Administración y director administrativo, Enrique Wiot.

La regidora reclama responsabilidades por una actuación que, según su valoración, contradice las resoluciones del organismo y los intereses generales que debe defender.