Carlos Sánchez acusa a la izquierda de reducir la oferta de alquiler y reclama más vivienda en Gran Canaria

El presidente del PP de Gran Canaria, Carlos Sánchez, ha acusado a las administraciones de izquierda de impulsar políticas que, a su juicio, reducen la oferta de alquiler y encarecen los precios. 

Sánchez ha situado el desahucio de una mujer y sus dos hijos menores en el barrio capitalino de Pedro Hidalgo, ejecutado el 13 de octubre, como ejemplo de la distancia entre los compromisos del PSOE y sus resultados. «La verdadera política de vivienda del PSOE no se mide por sus discursos, sino por lo que ocurre cada día en nuestras calles», ha señalado.

En este contexto, ha criticado el balance de doce años de gobiernos socialistas en el Cabildo y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Además, ha contrapuesto las 1.000 viviendas prometidas por la alcaldesa, Carolina Darias, con unas promociones municipales que, según sostiene, no se han traducido en entregas para nuevos demandantes.

Del mismo modo, el popular ha cuestionado la iniciativa del Gobierno de España de impulsar a través de la Diputación Permanente del Congreso los dos decretos de vivienda cuya convalidación, según recoge su denuncia, rechazó el pleno el 2 de octubre. 

Por otro lado, Sánchez ha afirmado que desde la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo se han producido más de 270.000 desahucios en España. A su juicio, la atención a quienes carecen de alternativa habitacional debe recaer en los servicios sociales y las políticas públicas, sin obligar a los pequeños arrendadores a asumir las consecuencias de esa falta de respuesta.

Asimismo, ha diferenciado entre las familias con dificultades económicas que necesitan protección y quienes ocupan ilegalmente un inmueble; y vincula la seguridad jurídica con la confianza de los propietarios para incorporar sus casas al alquiler. 

También ha recordado que en Canarias existen miles de familias que adquirieron una segunda residencia con sus ahorros y destinan las rentas a complementar salarios o pensiones. Por ello, propone incentivar la puesta en uso de inmuebles vacíos y mantener los mecanismos públicos de atención a las personas vulnerables.

Respecto a la construcción, Sánchez ha defendido el aumento de la oferta pública y privada, aunque reconoce que requiere años de planificación, inversión y ejecución. Para facilitar nuevas promociones, plantea reforzar la colaboración entre administraciones y empresas y actualizar los módulos económicos de la vivienda protegida conforme a los costes reales de las obras, pues considera que los límites de precio pueden dificultar la participación de los promotores.

El dirigente ha reclamado, además, un equilibrio entre la protección del territorio y las necesidades residenciales. «No podemos condenar a generaciones enteras a marcharse de su municipio porque no encuentran una casa que puedan pagar», ha concluido.