La Asociación por la Mejora del Puerto de Mogán (AMPUMO) ha respaldado la solicitud de prórroga de la concesión presentada por el Ayuntamiento de Mogán y advierte de posibles reclamaciones patrimoniales contra la Comunidad Autónoma por 120 millones de euros si la ampliación no respeta los derechos de los usuarios.
El colectivo ha trasladado esta posición por carta a todos los miembros del Consejo de Administración de Puertos Canarios, entre ellos la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. En el escrito sostiene que sus representados poseen el 73,80% de los derechos de la concesión, frente al 26,20% que conserva Puerto de Mogán S.A., y reclama que cualquier prolongación del plazo reconozca esa distribución.
Según AMPUMO, la propuesta municipal, presentada el 23 de junio, es la única que garantiza la continuidad de esos derechos y evita perjuicios económicos para las arcas públicas.
Además, contempla que sus titulares participen en la financiación de las inversiones y las obligaciones derivadas de la prórroga. Por ello, la entidad considera la iniciativa «equilibrada, justa y equitativa» y expresa su adhesión.
En cambio, cuestiona que la petición de Puerto de Mogán S.A. carezca de acuerdos previos con quienes ostentan la mayor parte de los derechos concesionales. A su juicio, la falta de reconocimiento de estos durante el periodo prorrogado podría dar lugar a reclamaciones económicas contra la Administración autonómica, un riesgo sobre el que el Consistorio ha advertido.
Por su parte, Bueno defiende que la solicitud del Ayuntamiento busca compatibilizar las inversiones necesarias con el respeto a los derechos adquiridos y la protección del interés público, y destaca la representatividad de la asociación ante el posible impacto económico de una decisión que ignore los derechos de sus integrantes. "Resulta especialmente significativo que la asociación, que representa a una amplia mayoría de los titulares de los derechos de la concesión del Puerto de Mogán, respalde expresamente nuestra propuesta y advierta del impacto económico que podría tener una decisión que ignore esa realidad jurídica y patrimonia", señala la alcaldesa.











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