Mogán reclama 70 bomberos más para reducir las horas extra en Gran Canaria

Los parques de bomberos de Gran Canaria necesitan unos 300 efectivos, alrededor de 70 más que los 235 recogidos en la plantilla actual, según los cálculos del Ayuntamiento de Mogán. El municipio reclama ampliar el personal del Consorcio de Emergencias y dejar de recurrir a las horas extraordinarias para cubrir la falta de efectivos.

El Consorcio destinó seis millones de euros a horas extra en 2025 y, según las estimaciones municipales, necesitará otros cinco millones para pagar las correspondientes a 2026. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, sostiene que este gasto evidencia la necesidad de actualizar la relación de puestos de trabajo, vigente desde 2007.

Mogán no se opone al pago de las cantidades pendientes a los bomberos, pero reclama que se regularicen también las de 2026 y que las horas extraordinarias no sustituyan de forma permanente la falta de personal. “Lo que no puede seguir haciendo el Consorcio es pagar con horas extras un déficit estructural de personal”, afirmó Bueno.

El municipio se abstuvo en la modificación de crédito de dos millones de euros destinada a pagar las horas extra pendientes de septiembre a diciembre de 2025. También votó contra la urgencia de la reunión extraordinaria celebrada este viernes porque, según explicó, recibió la documentación con menos de 24 horas de antelación.

Bueno relaciona parte de la falta de efectivos con las sentencias firmes que reconocen a los bomberos una jornada compensada por el trabajo a turnos, lo que reduce las horas efectivas disponibles. A su juicio, el Consorcio debería haber adaptado la plantilla a esas resoluciones.

El presidente del Consorcio y consejero insular de Hacienda y Emergencias, Pedro Francisco Justo Brito, explicó durante la reunión que el organismo carece actualmente de personal técnico suficiente para revisar la relación de puestos de trabajo y reorganizar el servicio.

El parque de bomberos de Tejeda permanece cerrado, según el comunicado municipal. Bueno responsabilizó al gobierno insular de no haber adaptado la plantilla a las necesidades actuales del servicio.