La PALT apoya la reforma del PSOE para diferenciar viviendas y establecimientos turísticos

La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) respalda la tramitación de la proposición de ley del Grupo Socialista que plantea modificar las leyes 2/2013 y 6/2025 para diferenciar jurídicamente las viviendas y apartamentos de los establecimientos turísticos y sus unidades alojativas. En este sentido, pide al Parlamento de Canarias que mejore la iniciativa 11L/PPL-0014 con aportaciones de todas las fuerzas políticas y participación ciudadana.

«Nosotros no compramos un hotel; compramos una vivienda», resume la organización, que reclama respeto a las propiedades adquiridas, pagadas y habitadas durante décadas, algunas transmitidas a los hijos de sus titulares. Según sostiene, esos inmuebles se compraron como fincas independientes bajo el régimen de propiedad horizontal, conforme a sus títulos y a la información registral, sin obligación de explotación turística. Esta actividad, precisa, podía elegirse y acordarse por un periodo determinado.

Sin embargo, la PALT denuncia que la evolución normativa y su interpretación pretenden convertir esas propiedades en unidades alojativas de uso turístico exclusivo y permanente, lo que califica de «expropiación encubierta del uso». Por ello, exige distinguir entre la vivienda individual, el complejo que puede acoger esa actividad por voluntad de sus propietarios y el establecimiento dedicado al alojamiento turístico por decisión de sus dueños.

Asimismo, reclama respeto al título constitutivo y a la historia jurídica de cada inmueble, incluidos los adquiridos antes del desarrollo de las competencias autonómicas en turismo. Defiende, además, que el uso corresponde a la propiedad y debe mantenerse al heredarla, pidiendo garantías para los derechos de propiedad y vivienda, la seguridad jurídica, la confianza legítima y la proporcionalidad de las medidas.

Del mismo modo, el colectivo reconoce la importancia del sector, pero rechaza que un propietario deba convertirse en empresario turístico o ceder su inmueble a una explotación no elegida. Por otra parte, advierte de que la contratación de personal de fuera incrementa las necesidades de alojamiento, sanidad, educación y otros servicios.

En materia residencial, la plataforma considera que desplazar a quienes viven en estos complejos agravaría la presión sobre el mercado, aunque reconoce que la crisis habitacional tiene múltiples causas.

Por ello, propone coordinar las políticas turísticas y de vivienda y defiende barrios donde convivan familias, trabajadores, visitantes, comercios y servicios, con criterios de sostenibilidad social, ambiental y económica, sin alejar a la población de sus empleos ni perder identidad.

También rechaza limitar la reforma a los cambios parciales que, según señala, propone la consejería de Turismo mediante un decreto ley, al entender que favorecen a los explotadores en complejos de otros propietarios.

En conclusión, frente a esa vía, considera la proposición socialista un texto mejorable que permite debatir, presentar enmiendas y acordar una solución que compatibilice la actividad turística con los derechos de los residentes.