Para alguien como yo, que participó en el histórico 15M y que mantuvo, junto con Lolo Dorta, otros compañeros y familias afectadas, una acampada por la vivienda durante más de 400 días, que la Puerta del Sol madrileña vuelva a ser testigo de una acampada protesta no puede ser más que un motivo de esperanza. La indignación provocada por el desahucio de Maricarmen les ha estallado en la cara a sus señorías, y llega la hora de presionar con todo. Sí, amigos, llega la hora de presionar, porque el reto es mayúsculo. Es mayúsculo el desafío de la vivienda como derecho en España. Prueba de ello: ni el autoproclamado "gobierno más progresista de la historia" ha logrado mejorar nada en ocho años, ni las comunidades autónomas, la mayoría conservadoras, con las competencias en vivienda transferidas. ¿El motivo? Para mí está claro: solucionar el problema de la vivienda implica asumir numerosos cambios estructurales y superar muchos obstáculos que sus señorías y el conjunto de la población española no han querido asumir hasta la fecha. ¿Estarán dispuestas ahora? De la capacidad de presión y lucha que tengamos quienes sí queremos esos cambios dependerá lo que se logre. El objetivo de este artículo es señalar los 12 mayores obstáculos a los que nos enfrentamos en esta lucha.
1. Una demanda de vivienda brutal
Problema central, en España confluyen dos realidades que sumadas devienen en la tormenta perfecta que es la crisis de vivienda actual. De un lado el ridículo 2,4% de vivienda pública con respecto al total, de otro lado el hecho de que nuestro país es un enorme foco de atracción de población de todo el mundo, tanto para trabajadores extranjeros que vienen a buscar empleo como para ciudadanos europeos y de otros países con un poder adquisitivo muy superior al nuestro. Y todos necesitan lo mismo: una casa. Los datos son contundentes. España ya roza los 50 millones de habitantes y el INE prevé que, si se mantienen las tendencias actuales, la población aumente en otros 4,25 millones durante los próximos quince años. Y esto sin contar con un agravante añadido: que a la gente cada vez le gusta más vivir sola. En resumen: la demanda de vivienda es estratosférica. Y ojo porque no es tan sencillo como decirles que no vengan. España necesita trabajadores porque su población envejece, su natalidad es muy baja y buena parte del crecimiento económico lo sostiene la inmigración. Y aquí está el problema: si cada año llegan cientos de miles de nuevos habitantes, la presión sobre la vivienda resulta sencillamente descomunal.
2. Construir vivienda es caro, lento y hay que hacerlo donde hace falta
Las guerras de Ucrania y de Irán han disparado numerosos costes; la guerra comercial y los aranceles de Trump están haciendo el resto complicando el comercio de materiales como el acero y el aluminio. Así que tampoco basta con decir: "pues construyamos 500.000 viviendas". El ejemplo más palmario lo tenemos en Canarias, con más de 300 licitaciones de obra pública desiertas en el último año y medio, incluidas las estratégicas del estadio de la UD Las Palmas y el Aeropuerto Tenerife Sur. Y si el parque público de vivienda en España es un lamentable 2,4 %, la factura de construir lo que falta no va a ser pequeña. Y hay otro problema: tampoco podemos construir vivienda donde nos parezca. Hay que hacerlo donde la gente necesita vivir, donde está la demanda. A la España Vaciada no quiere ir la gente, pero en las zonas donde se concentra el empleo, el turismo y la población el suelo es escaso, caro y está sometido a todo tipo de limitaciones urbanísticas y ambientales. Así que tampoco sirve lo de construir donde sea más fácil, porque una vivienda a cien kilómetros de donde están los empleos no soluciona el problema de los que necesitan vivienda para trabajar.
3. Una parte de la vivienda ya está en manos del capital
Si construir vivienda es complicado, usar la vivienda que ya hay tampoco es fácil. Y es que hoy existen en España grandes carteras de viviendas en manos de empresas y fondos, especialmente dentro del mercado del alquiler. Desde algunos sectores se habla de recuperarlas para destinarlas a vivienda pública, pero no es tan sencillo como decir "pues se las quitamos". La Administración puede presionar sobre la vivienda vacía, regular determinadas condiciones o imponer obligaciones a los grandes tenedores, pero con muchas limitaciones. También se puede expropiar vivienda a grandes tenedores, como piden algunos partidos. Pero la ley exige una causa expropiatoria muy justificada, un procedimiento y, sobre todo, pagar el justiprecio. Así que, en el mejor de los casos, si apareciera un gobierno dispuesto a hacerlo y estableciera una política de expropiación suficientemente fundamentada, no nos iba a salir barato.
4. España es un país de propietarios y de rentistas
Otro problema: España no es solo un país de propietarios, también es un país de rentistas. Millones de españoles tienen una segunda vivienda o una pequeña cartera de inmuebles que alquilan y de la que obtienen unos ingresos. Algunos son pequeños o medianos especuladores, pero muchos son gente corriente que complementa su sueldo o su pensión con el alquiler de una vivienda. Y aquí está el problema: una política de vivienda realmente intervencionista no solo molestaría a los grandes tenedores, también tocaría el bolsillo de cientos de miles de pequeños propietarios. Y esos pequeños propietarios también votan. Muestra de esta realidad, el posicionamiento mayoritario de la población española contra los ocupas, aunque sean ancianos, madres monoparentales o familias precarias. Y un detalle más: nuestros políticos también son propietarios y, en muchos casos, multipropietarios. Es sabido que hay políticos de todos los colores y en todas las administraciones con varias viviendas, y no todas precisamente para vivir. Esto no significa que un político con varias viviendas vaya necesariamente a legislar pensando en ellas, pero la prueba la tenemos delante: una década o más con la crisis encima, y sus señorías no responden. Tenemos al lobo cuidando las ovejas.
5. Con salarios bajos se compite muy mal
Un detalle importante: por la vivienda española compiten también los europeos y, en general, compradores de otros países con una capacidad adquisitiva muy superior a la nuestra. Y cuando alguien que gana dos o tres veces más que un español entra en el mismo mercado, no hace falta ser un genio de la economía para entender quién parte con ventaja. En 2025 los extranjeros realizaron el 13,82 % de todas las compraventas de vivienda en España, en Canarias fueron el 25,65 %, la mayoría europeos más ricos que los españoles. Y no parece que este flujo vaya a desaparecer en el futuro. Cambiar el modelo productivo español, aumentar la productividad y conseguir que los salarios suban de verdad sería lo ideal, pero entramos aquí de lleno en el terreno de la utopía. Lo que se plantea por tanto es impedir que los extranjeros no residentes compren viviendas, pero con esto hay un obstáculo evidente: las reglas de la Unión Europea no lo contemplan. Hay algunas excepciones, sí, pero son muy concretas y vienen de situaciones históricas particulares (Dinamarca o las islas Áland, en Finlandia).
6. La vivienda es un negocio demasiado rentable
Otro problema de fondo: la vivienda es un negocio extraordinariamente rentable. Una casa no es un producto que se consume y desaparece, es un activo que se puede comprar, alquilar, vender, heredar y volver a vender, activando miles de millones de euros en plusvalías. Y en un país como España, con un clima privilegiado, una enorme industria turística y una población que sigue creciendo, la presión sobre ese activo no hace más que aumentar. Aquí los datos son otra vez demoledores. El precio de la vivienda ha subido un 87% desde 2015. ¿Qué consumidor español medio puede seguir ese ritmo de crecimiento?
Así que no nos engañemos: la vivienda en España no es un derecho básico, por mucho que diga la Constitución. Estamos jodidamente lejos de que lo sea. La vivienda es uno de los negocios más rentables y seguros del país. Y cuando tienes un bien escaso, muy demandado y extraordinariamente lucrativo, el mercado hace exactamente lo que sabe hacer: subir el precio hasta donde pueda pagarlo la demanda. Dicho de otra manera: ¿en serio creen ustedes que todos los especuladores e inversionistas, grandes, medianos, pequeños o mediopensionistas, que están ganando dinero a toneladas con la vivienda, van a aceptar de buen grado el cambio de modelo que se necesita en España?
7. El alquiler vacacional es ya un lobby bastante poderoso
Durante la última década han sido muchas miles las viviendas que han salido del alquiler residencial y han pasado al alquiler turístico. Se trata ahora de hacer que vuelvan, y aquí tenemos otro problema: España es un país turístico y esas viviendas funcionan, son rentables y, además, tienen una demanda enorme. A modo de muestra, solo en 2025 los apartamentos turísticos registraron más de 76 millones de pernoctaciones. Las administraciones pueden limitar licencias, establecer requisitos, regular las zonas saturadas o incluso no autorizar ni una licencia más. Pero recuperar a gran escala viviendas que ya han encontrado un negocio rentable no va a ser fácil. ¿Con qué ley y con qué incentivos vamos a convencer al propietario para que deje de alquilar a turistas y vuelva a alquilar a una familia? Y además está el consumidor. A muchísima gente le gusta el alquiler vacacional porque suele ser más barato o más flexible que un hotel, especialmente para familias y grupos. Así que tampoco basta con enfrentarse al propietario, hay que enfrentarse a un lobby consolidado que funciona y gusta a propietarios y a consumidores.
8. En España hay 17 políticas de vivienda
Hablamos de legislar, de intervenir o de crear un gran parque público, y ya hemos visto que es caro, lento y problemático. Para llevarlo adelante se necesita de una buena organización, y aquí nos encontramos con otro pequeño gran obstáculo: en España no hay una política de vivienda, hay 17. Y digo diecisiete por poner un número que todos entienden, porque son muchas más si contamos también al Estado, a los ayuntamientos, a los cabildos insulares, a las diputaciones, a los concellos y demás administraciones que hay repartidas por España, todas con alguna competencia en la materia. Así las cosas, el Estado legisla y pone dinero, las comunidades tienen buena parte de las competencias y los ayuntamientos deciden sobre suelo, planeamiento y licencias. Y cada uno va por donde le parece con su ideología, sus intereses, sus corrupciones y sus realidades. Para solucionar de verdad el problema haría falta que todas esas administraciones remaran durante décadas en la misma dirección, gobierne quien gobierne, y esto, en España se hace bastante difícil, ya solo pensarlo, imaginen llevarlo a la práctica.
9. ¿Quién paga la factura?
Otro gran problema, quizá el más importante de todos. Porque hacer vivienda pública cuesta dinero; comprar suelo cuesta dinero; expropiar cuesta dinero; rehabilitar viviendas cuesta dinero; subvencionar alquileres cuesta dinero; construir infraestructuras cuesta dinero. Y si además queremos que la vivienda sea más barata de lo que hoy está dispuesto a pagar el mercado -para que los españoles tengan un mínimo chance-, alguien tendrá que asumir la diferencia. ¿Quién? ¿El Estado? ¿Las comunidades autónomas? ¿Los ayuntamientos? ¿Los propietarios? ¿Los promotores? ¿Los bancos? ¿Los contribuyentes? ¿Los fondos de inversión? ¿Los turistas? Probablemente, deberían ser todos. Dicho de otra manera: el problema es de tal magnitud y los inconvenientes son tan grandes, que no será posible resolverlo si no ceden muchas partes. Y aquí volvemos a entrar otra vez en terrenos utópicos, pues hablamos de altura de miras, de generosidad, de capacidad de acuerdo y de voluntad de explicar a la sociedad que resolver la vivienda tendrá costes y sacrificios, ingredientes todos muy difíciles de encontrar en la España de la polarización, de los bloques enfrentados y de los odios exacerbados.
10. Las recetas de las derechas no sirven
Dejamos para el final los obstáculos estrictamente políticos, empezando por las recetas de las derechas españolas que, salvo milagro, parece que pronto gobernarán también en Madrid. Teniendo en cuenta que ya lo hacen en la mayoría de comunidades autónomas, la dificultad del desafío se multiplica notablemente. Pensar que partidos de ideología liberal-conservadora tan extrema vayan a enfrentarse a los intereses económicos y patrimoniales que habría que tocar para aplicar las medidas intervencionistas que necesita la vivienda, es pensar con demasiada ingenuidad. Ya sabemos lo que PP y Vox van a proponer: más suelo, más construcción privada, incentivos, desgravaciones y facilidades para los promotores. Tampoco funciona, como estamos comprobando, pero es lo que pueden hacer las derechas sin enfadar a los que los mantienen ahí, y seguir criminalizando a los ocupas por supuesto, y a los pobres en general, para que la gente acabe convencida de que tienen lo que merecen, por no haberse esforzado lo suficiente.
11. Europa también está girando hacia la derecha
Y si España parece volcada a la derecha, la realidad es que Europa hace tiempo que giró totalmente, por no hablar del auge de la ultraderecha como fenómeno más que inquietante. El contexto ideológico dominante en la UE no parece por tanto el más favorable para permitir las muchas reformas intervencionistas -por consiguiente de izquierdas- que España necesita. A eso hay que añadir el asunto del dinero. Construir el gigantesco parque de vivienda pública que España necesita exigiría una inversión sostenida durante muchos años, precisamente cuando los Estados europeos afrontan restricciones presupuestarias, mayores costes de financiación y nuevas exigencias de gasto, especialmente en defensa. Cierto que muchos países europeos disponen de mayores parques de vivienda pública y políticas sociales mucho más desarrolladas. Pero ellos empezaron mucho antes, cuando se podía. Y este es el problema de España cuando mira a Europa: necesita hacer ahora, y a toda velocidad, algo que otros países empezaron a construir hace muchas décadas.
12. El gobierno "progresista" parece estar de salida
Llegamos al final, al último obstáculo. Los cambios que hacen falta son, muchos de ellos intervencionistas, y deberían resultar más asumibles para un gobierno de izquierdas. Aquí está la paradoja dramática: el gobierno ha tenido ocho años para afrontar el problema de la vivienda y no ha hecho básicamente nada. ¡Es que hasta el 2023 no sacaron la Ley de Vivienda, una ley que tampoco ha servido, y no porque las Comunidades del PP no quieran aplicarla! No sirve porque el problema está en que no hay vivienda, y la ley no trae ni una sola vivienda nueva. Con todo, este gobierno "progresista" que sufrimos parece encontrarse ya en la recta final de su ciclo político, y la pregunta es inevitable: si quienes durante años han tenido la capacidad de impulsar esos cambios no lo han hecho, ¿por qué iban a hacerlo ahora? Este es, por tanto, el primer gran obstáculo: necesitamos un gobierno progresista de verdad, capaz de afrontar esos cambios necesarios, no la impostura mantenida de Pedro Sánchez. Y el tiempo para demostrarlo se acaba.
Y así terminamos el recorrido. Soluciones sí hay, claro que las hay. Pero ya lo han leído: son complejas y casi todas tienen un alto precio. Habrá que lucharlas, y en esas estamos. A favor la indignación activada en una parte de la población por el desahucio de Maricarmen. Pero ya sabemos lo fácil que pasa la gente de un asunto a otro. Esperando que, como mínimo, sirva para cortar la hemorragia de los 67 desahucios al día del año 2025. Lo otro: solucionar de verdad el problema de la vivienda, para eso habrá que apretar mucho, mucho más, durante mucho tiempo, el desafío es mayúsculo.
Las opiniones de los columnistas son personales y no siempre coinciden con las de Maspalomas Ahora.
ELOY CUADRA PEDRINI
Domingo, 27 de Septiembre de 2026 Tiempo de lectura:
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