El Ayuntamiento de Mogán podrá intervenir en el procedimiento relacionado con el Puerto Deportivo de Puerto Rico. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha reconocido que el Consistorio tiene un interés legítimo en este asunto, después de que Puertos Canarios defendiera que no podía participar.
La sentencia, dictada el 10 de septiembre, considera que la actividad del puerto afecta directamente a competencias municipales como el urbanismo, la movilidad, la seguridad, las licencias, la actividad turística y económica, la protección ambiental y el uso público.
La resolución ha llevado a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, a pedir el cese del director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, y del secretario y responsable jurídico de la entidad, Enrique Wiot.
«Es inaceptable que una entidad pública que debe velar por el interés general dedique recursos públicos a intentar impedir que este Ayuntamiento defendiera los intereses del municipio», sostiene Bueno.
El conflicto gira alrededor de la concesión del Puerto Deportivo de Puerto Rico y de su posible prórroga. Según la alcaldesa, Puertos Canarios defendió inicialmente que esa ampliación no procedía y posteriormente adoptó una posición que, a su juicio, favorecía la continuidad de Puerto Rico S.A.
Bueno considera que este cambio de postura es especialmente relevante porque existe otro procedimiento abierto sobre el Puerto de Mogán. El Ayuntamiento ha solicitado una prórroga de su concesión, pero Puertos Canarios inadmitió esa petición mientras tramita la solicitud presentada por Puerto de Mogán S.A.
La concesión del Puerto de Mogán fue otorgada al Ayuntamiento mediante una Orden Ministerial de 27 de febrero de 1981. El Consistorio sostiene que, como titular de la concesión, debe poder intervenir en cualquier decisión sobre su continuidad.
La alcaldesa considera que lo ocurrido en Puerto Rico y la situación actual del Puerto de Mogán muestran un mismo problema, que Puertos Canarios estaría dificultando la participación del Ayuntamiento mientras atiende las peticiones de las empresas concesionarias.
«Parece evidente que existe una enorme sensibilidad para proteger los intereses de determinadas empresas privadas y una enorme resistencia cuando quien reclama participar es una administración pública elegida», afirma Bueno.
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