Álamo evita poner fecha al nuevo servicio de socorrismo, pero fija un límite: deberá estar resuelto antes de que termine el mandato

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana todavía no pone fecha a la adjudicación del nuevo servicio de salvamento y socorrismo en las playas, pero sí fija un horizonte: el contrato deberá estar resuelto antes de que termine el actual mandato. En una entrevista concedida a este medio para abordar en profundidad el futuro de uno de los servicios más importantes para la seguridad de las playas del municipio, el responsable de Seguridad y Emergencias, José Carlos Álamo, reconoce que el procedimiento acumula retrasos y dificultades técnicas y administrativas, aunque asegura que el objetivo municipal sigue intacto.

Ante las dificultades que ha atravesado la tramitación del nuevo contrato, el Ayuntamiento ha optado finalmente por encomendar a la Mancomunidad de Medianías la gestión del procedimiento, con el objetivo de dar un nuevo impulso a la licitación y garantizar que pueda culminarse con todas las garantías técnicas y jurídicas. La decisión busca desbloquear un expediente que acumula dos procedimientos anteriores sin adjudicación y permitir que el nuevo servicio de socorrismo y salvamento pueda quedar resuelto antes de que finalice el actual mandato.

La nueva contratación no pretende limitarse a sustituir el servicio actual. Una de las prioridades del Gobierno municipal ha sido mejorar las condiciones laborales y salariales de los socorristas, para lo que era necesario contar con un marco laboral que respaldara esas mejoras. El reciente acuerdo del nuevo convenio colectivo del sector abre, según explica el concejal en esta entrevista, una vía para avanzar en ese objetivo.

En 2024 se anunció una propuesta de contrato por unos 5,4 millones de euros durante cuatro años. Sin embargo, ese expediente tuvo que revisarse después de distintos problemas técnicos y administrativos, por lo que la cifra exacta del nuevo contrato todavía no está cerrada. Sí se mantiene la intención de incrementar de forma importante los recursos destinados al salvamento en las playas.

Mientras el concurso sigue pendiente, el Ayuntamiento asegura que ha reforzado los medios materiales. En los últimos años se han renovado las torres de vigilancia y ya funcionan nuevas unidades. También se puso en marcha un procedimiento para instalar ocho torres más, aunque finalmente no pudo ejecutarse porque la empresa adjudicataria incumplió los plazos.

A ese refuerzo se suman nuevo material de rescate, un dron para salvamento acuático, una embarcación de rescate, vehículos 4x4, nuevos equipos de comunicaciones, material de propulsión acuática y dos quads para la Policía Local. También se ha reforzado el Servicio de Extinción de Incendios, con equipamiento y formación específica para intervenciones en el medio acuático, y existe otro procedimiento para incorporar nuevos vehículos destinados a este tipo de emergencias.

El modelo que plantea el área de Seguridad y Emergencias no se limita al trabajo de los socorristas. En los casos más graves y fuera del horario del servicio de salvamento, los bomberos intervienen como apoyo, dentro de un sistema que también incluye a la Policía Local y Protección Civil.

El futuro contrato contempla además un incremento considerable de los recursos humanos, aunque el Ayuntamiento todavía no facilita una cifra concreta de socorristas. La falta de personal cualificado es, además, uno de los problemas que afecta al sector en Gran Canaria y que puede dificultar la incorporación de efectivos cuando llegue el momento de poner en marcha el nuevo servicio.

Otro de los asuntos pendientes es el plan de seguridad de las playas. El responsable municipal considera que el documento heredado de la anterior etapa de gobierno no responde de forma adecuada a la realidad actual del litoral ni al modelo de coordinación que pretende implantar el Ayuntamiento.

La intención es elaborar un nuevo plan que tenga en cuenta el tamaño y las características de cada playa, la ocupación, las zonas de riesgo, los horarios y temporadas, las necesidades de personal y los nuevos medios técnicos y materiales. También deberá establecer la coordinación entre socorristas, bomberos, Policía Local, Protección Civil y el resto de servicios de emergencia.

El concejal atribuye ese plan a la anterior etapa de gobierno y cuestiona que ahora se critique su contenido después de que quienes tenían responsabilidades en aquel momento dispusieran de cuatro años para desarrollarlo. En todo caso, asume que el actual Gobierno municipal debe completar el proceso y sacar adelante el nuevo contrato.

Las críticas de la oposición también forman parte del debate. Sobre las declaraciones de Samuel Henríquez, el responsable de Seguridad y Emergencias considera que responden a una estrategia política más amplia, está asumiendo en este caso el papel que otros han decidido que desempeñe. El tiempo permitirá comprobar si esa interpretación es acertada. En ese contexto, sí atribuye directamente al exresponsable de Seguridad la responsabilidad política por el retraso del servicio renovado: ‘’Sin duda, es el gran culpable de que hoy no esté el servicio renovado’’afirma.