Más de 350 personas han participado en la consulta ciudadana sobre la futura ordenanza de vivienda de San Bartolomé de Tirajana, en la que el 95,1 % considera importante tener en cuenta el arraigo en el municipio y el 55,7 % pide aumentar la reserva de viviendas para menores de 35 años.
La consulta, promovida por la Concejalía de Vivienda entre el 28 de julio y el 31 de agosto, plantea una reserva del 5 % para jóvenes menores de 35 años. El 36,1 % de los participantes considera suficiente ese porcentaje, mientras que el 55,7 % apuesta por aumentarlo y el 8,2 % por reducirlo.
En cuanto al arraigo, el 69 % mantendría la propuesta de exigir 15 años de residencia continuada o 20 años no continuados. Otro 16,5 % elevaría estos requisitos y el 14,5 % los reduciría.
En total, 331 participantes consideran importante tener en cuenta el arraigo frente a 17 que no lo consideran relevante.
El 89,1 % respalda además un sistema de adjudicación de vivienda pública mediante baremación por puntos.
Entre los criterios que los participantes consideran más importantes figuran la antigüedad de residencia, con un 57,4 %; tener menores a cargo, con un 52,9 %; los ingresos económicos, con un 45,7 %; la discapacidad, con un 36,3 %; las situaciones de emergencia, con un 34,3 %, y las familias numerosas, con un 18,6 %.
La consulta también recoge un amplio respaldo a los mecanismos de control sobre las viviendas públicas. El 98,3 % considera necesarias las inspecciones periódicas para evitar posibles fraudes y el 99,4 % cree que el Ayuntamiento debe actuar ante los incumplimientos.
Ocho de cada diez participantes valoran como bueno o excelente el contenido de la futura ordenanza.
El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, ha señalado que los resultados «confirman algunas de las decisiones planteadas», pero también muestran dónde debe seguir trabajando el Ayuntamiento, «especialmente en el acceso de nuestros jóvenes a una vivienda».
La concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, ha explicado que el objetivo de la consulta era conocer directamente qué criterios considera prioritarios la ciudadanía para que la adjudicación de vivienda pública sea «transparente, objetiva y responda a la realidad del municipio».
Los resultados servirán para definir los criterios de adjudicación que recogerá la futura ordenanza municipal de vivienda.
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