Tierra Bonita reclama publicar la identidad de los beneficiarios de las ayudas por la erupción

La Asociación Tierra Bonita reclama que se haga pública la identidad de las personas físicas beneficiarias de las compensaciones concedidas por el Gobierno de Canarias a los afectados por la erupción de La Palma de 2021. El colectivo considera injustificada la confidencialidad de estos datos y defiende una mayor transparencia en la gestión de fondos públicos destinados a la reconstrucción.

La controversia ha llegado a los tribunales después de que el Ejecutivo autonómico recurriera el requerimiento del Comisionado de Transparencia de Canarias para divulgar esta información. A este procedimiento se suma el anunciado recurso de la oposición parlamentaria contra la negativa del Gobierno a facilitar los nombres de los perceptores.

Tierra Bonita precisa que no cuestiona las compensaciones ni el derecho de los damnificados a recuperar sus proyectos de vida, sino el anonimato de quienes reciben las subvenciones. Según la asociación, esta confidencialidad nunca constituyó una reivindicación general de los afectados ni figuraba en el texto original de la iniciativa legislativa popular que dio origen a la Ley 5/2025, de Volcanes de Canarias, respaldada por cerca de 19.000 firmas.

El Gobierno regional sostiene que conocer la cuantía otorgada podría permitir deducir la situación económica previa de los beneficiarios. El colectivo palmero discrepa y considera que identificar a los perceptores no afecta al honor o la intimidad ni revela información especialmente sensible. También plantea posibles dudas sobre la compatibilidad de esta reserva con la legislación estatal de subvenciones y transparencia.

Según un análisis de Tierra Bonita sobre las resoluciones publicadas desde 2024 en el Boletín Oficial de Canarias, tres compensaciones anónimas superan el millón de euros, con importes de 1.549.220,07, 1.500.000 y 1.197.404,12 euros. Otras tres rebasan los 800.000 euros, mientras que 12 se sitúan entre 500.001 y 800.000; 22, entre 400.001 y 500.000; 40, entre 300.001 y 400.000; 97, entre 200.001 y 300.000, y 236, entre 100.001 y 200.000 euros. La entidad advierte de que estas cifras son incompletas porque faltan resoluciones de 2026.

La asociación también cuestiona que se preserve la identidad de las personas físicas mientras que sí se publican los nombres de las empresas beneficiarias. A su juicio, el origen público de las ayudas exige mecanismos suficientes para fiscalizar su concesión y evitar arbitrariedades o posibles irregularidades.

Tierra Bonita recuerda que un informe del Servicio Jurídico del Parlamento de Canarias concluyó que la identidad de los beneficiarios no constituye un dato especialmente protegido que justifique impedir su consulta por parte de los diputados. El PSOE ha anunciado un recurso contencioso-administrativo para acceder al listado, aunque la asociación precisa que la formación reclama poder consultarlo y no su publicación general.

El colectivo vincula este debate con sus críticas a la falta de acceso a las actas y grabaciones del PEVOLCA previas a la erupción y a determinados expedientes de las obras de reconstrucción. Para Tierra Bonita, «la transparencia es la mejor garantía contra la arbitrariedad» y permite reforzar la confianza en las instituciones.