El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha ordenado la inmediata suspensión y el precinto de las obras destinadas a construir 18 oficinas en el antiguo supermercado del edificio Corona Roja, en la calle El Pez de Playa del Inglés, al considerar que los trabajos se ejecutan sin el correspondiente título habilitante.
Según ha podio saber Maspalomas Ahora, la medida figura en el Decreto 5802/2026, correspondiente al expediente 2026-014368, y tiene carácter provisional. La resolución se apoya en un informe jurídico de Urbanismo fechado el 6 de agosto de 2026 y señala que existe riesgo de que las obras culminen antes de que finalice el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística.
El expediente se inició en mayo
El decreto revela además que la actuación municipal no se inició exclusivamente a raíz de las denuncias posteriores de un copropietario del complejo.
Según recoge el expediente, el 13 de mayo agentes de la Policía Local adscritos al Servicio de Inspección Urbanística pusieron en conocimiento de Disciplina Urbanística que en el edificio Corona Roja se estaban realizando obras para construir 18 oficinas en el local del antiguo supermercado, “careciendo del correspondiente título habilitante”.
El Ayuntamiento señala como presunto responsable, en calidad de propietario o promotor, a Ondincinc, S.L., representada por Jorge Melantuche.
Suspensión y precinto
El decreto ordena la suspensión inmediata de las obras, actos y usos relacionados con la construcción de las 18 oficinas y encarga a la Policía Local el inmediato precinto de las obras, instalaciones o maquinaria afectadas.
La resolución también establece medidas dirigidas a impedir que la actuación continúe mediante nuevos suministros. El Ayuntamiento requiere a las empresas suministradoras de servicios que no concedan los correspondientes abastecimientos a la actuación objeto de la medida.
El interesado dispone ahora de diez días para formular alegaciones o presentar documentación. Una vez concluido ese trámite, el Ayuntamiento deberá decidir si mantiene, modifica o levanta la medida provisional.
Hasta 20.000 euros en multas coercitivas
El decreto advierte de que el incumplimiento de la orden puede provocar la retirada de maquinaria y materiales, cuyos gastos correrían a cargo del responsable, así como la imposición de multas coercitivas de entre 200 y 2.000 euros cada diez días, hasta un máximo de diez multas. Esto supone un máximo acumulado de 20.000 euros por este concepto.
También contempla la ejecución subsidiaria de las medidas por parte de la Administración a costa del responsable y la remisión al Ministerio Fiscal de la diligencia por quebrantamiento de precinto y desobediencia a la autoridad.
Un procedimiento todavía abierto
El decreto tiene carácter de medida provisional y no resuelve todavía de forma definitiva el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística. Su finalidad es evitar que las obras continúen mientras se tramita el expediente y garantizar que una futura resolución pueda hacerse efectiva.
El documento fue firmado electrónicamente por Davinia Elisabet Ramírez Collado el 11 de agosto y por Yilenia Vega Macías, concejal del Área de Urbanismo, Patrimonio Público y Vivienda, el 13 de agosto. El decreto quedó asentado en el Libro de Decretos con el número 5802/2026 el 20 de agosto.
La actuación municipal supone un nuevo capítulo en el conflicto del Corona Roja, después de las denuncias formuladas sobre distintas obras y posibles irregularidades en el complejo. Estas otras cuestiones no quedan resueltas por el decreto, cuyo objeto concreto son las obras para la construcción de las 18 oficinas.
El decreto municipal confirma la existencia de actuaciones administrativas sobre las obras de las 18 oficinas y la decisión de Urbanismo de suspenderlas y precintarlas. Sin embargo, también permite precisar el relato trasladado por el denunciante cuando afirma que el Ayuntamiento ya tenía constancia formal de estos trabajos al menos desde el 13 de mayo, cuando agentes de la Policía Local adscritos al Servicio de Inspección Urbanística informaron de las obras a Disciplina Urbanística.
La resolución, no obstante, no acredita el resto de las presuntas irregularidades denunciadas en relación con el complejo, como la existencia de otros apartamentos supuestamente ilegales, actuaciones anteriores sin licencia o las acusaciones formuladas contra responsables de la comunidad y empleados. Esas cuestiones permanecen al margen del objeto concreto de este decreto y deberán ser acreditadas, en su caso, mediante las correspondientes actuaciones administrativas o judiciales.
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