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VIVIENDA VACACIONAL

La PALT rechaza que el futuro decreto turístico limite el uso residencial de las viviendas

La plataforma pide prudencia hasta conocer el texto oficial y advierte de que se opondrá a cualquier cambio que altere los derechos de los propietarios

Propietarios en el registro de la propiedad Propietarios en el registro de la propiedad
MASPALOMAS AHORA
Miércoles, 26 de Agosto de 2026
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La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) ha pedido prudencia ante las informaciones sobre un posible decreto ley de la Consejería de Turismo y ha evitado realizar una valoración jurídica definitiva hasta conocer el texto oficial. No obstante, advierte de que rechazará cualquier cambio que altere la naturaleza de apartamentos y bungalows o limite el uso residencial de sus propietarios.

En este sentido, la organización sostiene que la mayoría de estos inmuebles se integran en complejos sometidos al régimen de propiedad horizontal y defiende que la actividad turística no concede al explotador derechos sobre viviendas ajenas. Además, recuerda que los titulares adquirieron propiedades y no concesiones, autorizaciones temporales ni obligaciones generales de destinarlas a explotación turística.

Asimismo, la PALT considera que el uso residencial está vinculado al inmueble y debe mantenerse cuando cambia de propietario. También señala que buena parte de las viviendas son anteriores al PGOU de 1996 y reclama que su situación se analice conforme al marco jurídico vigente cuando fueron construidas y adquiridas.

Por otro lado, la plataforma rechaza que una eventual incompatibilidad entre residencia y turismo se resuelva limitando los derechos del propietario en favor del explotador. Aunque respalda que quienes lo deseen puedan destinar voluntariamente sus inmuebles a esta actividad, se opone a que esa decisión afecte al régimen jurídico del resto de viviendas del complejo.

Finalmente, la PALT cuestiona que los operadores turísticos puedan asumir funciones de control sobre los propietarios y rechaza una posible reserva de uso limitada a seis meses. La entidad analizará el decreto ley cuando se publique y anuncia que presentará las alegaciones o acciones que considere necesarias para preservar los derechos de los titulares y el contenido jurídico de sus propiedades.

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