El concurso impulsado por el Ayuntamiento de Mogán para construir y gestionar 202 viviendas asequibles en Motor Grande, Puerto Rico, ha quedado desierto por segunda vez tras no presentarse ninguna empresa a los dos lotes previstos en la calle Zaragoza.
El proyecto se planteó mediante derechos de superficie sobre parcelas municipales, de modo que el suelo conservara su titularidad pública mientras las adjudicatarias asumían la inversión, construcción y gestión de los inmuebles.
Las viviendas debían destinarse durante diez años a alquiler regulado, con rentas equivalentes a las de las Viviendas de Protección Oficial (VPO), sin aplicar el incremento de hasta el 20% permitido por la normativa. Después de ese periodo se contemplaba su venta, con opción de compra para los inquilinos a precios asequibles.
La licitación incorporaba varios incentivos para facilitar la participación empresarial, entre ellos una bonificación del 97,5% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), la exención de las tasas ligadas al derecho de superficie, la ausencia de canon por el uso de los terrenos y una reducción del 50% del IBI durante la explotación en alquiler.
Además, el Ayuntamiento también estaba dispuesto a asumir el 50% del aval exigido para facilitar la financiación bancaria.
La alcaldesa, Onalia Bueno, sostuvo que el Consistorio había intentado adaptar las condiciones tras mantener contactos con el sector de la construcción. A su juicio, la ausencia de ofertas evidencia las dificultades del modelo de colaboración público-privada y del derecho de superficie en Canarias.
Ante este escenario, el Ayuntamiento estudia ejecutar directamente las promociones. Ya dispone de financiación para las viviendas previstas en Veneguera y analiza las necesidades económicas de los proyectos de El Horno, en Mogán pueblo, y Puerto Rico. En este último caso, la primera fase cuenta con proyecto redactado.
Las 202 viviendas de Motor Grande se dividen en dos promociones. El primer lote incluye 72 inmuebles con garajes y trasteros, dispone de proyecto básico y tenía un presupuesto de 8,23 millones de euros, con un plazo estimado de 30 meses.
El segundo comprende 130 viviendas, también con aparcamientos y trasteros, y obligaba a la adjudicataria a redactar el proyecto completo. Su presupuesto ascendía a 15,84 millones y el plazo previsto era de 38 meses.
La inversión conjunta alcanzaba los 24,06 millones de euros. La falta de empresas interesadas obliga al Ayuntamiento a replantear su calendario de vivienda y abre la vía a que la administración local asuma directamente la construcción de las promociones previstas.












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